Si bien el MEC aun no analizó el contenido de la tarea de Formación Humana y Cristiana, que plantea “reflexionar sobre conceptos de pecado” en base al caso de Curuguaty y el proceso penal contra los campesinos, la cartera estatal convocará tanto a las autoridades del Colegio Cristo Rey, como al profesor, Juan Ignacio Pauzzier, para pedir explicaciones en base a los criterios metodológicos que se tuvieron en cuenta.

“Lo que corresponde en este caso es que con la Dirección de Currículum, que es donde están los especialistas y pedagogos, hacemos un proceso de análisis con la institución educativa afectada para ver los fundamentos de su planteamiento pedagógico”, explicó la viceministra de Educación, María del Carmen Giménez Sivulec, en comunicación con nuestra redacción.

La subsecretaria de estado precisó que en la tarde de este viernes tomó conocimiento del caso; explicó además que pese a que se trata de una institución educativa privada y religiosa, que se basa en valores y un perfil específico, debe ceñirse a criterios técnicos.

“Si bien las instituciones religiosas tienen un determinado perfil y valores en el perfil educativo, las normas técnicas, pedagógicas y metodológicas son las mismas y son pasibles de ser analizadas”, añadió.

“LAVADO DE CEREBRO”

La tarea asignada a los alumnos del 1er año de la Educación Media del Colegio Cristo Rey incorpora 21 preguntas sobre el caso Curuguaty, que hace referencia a presuntas irregularidades en el proceso, ejecuciones a campesinos; igualmente, los alumnos deben citar quién fue el verdadero responsable de la emboscada que ocurrió en la propiedad, entre otras preguntas que, según la denuncia de una de las madres, evidencia la intención política del docente que pretende “lavar el cerebro” a los alumnos.

“Vale 21 puntos la tarea. Si no escriben lo que el profesor, dirigido por el director, quiere, se aplazan en Formación Humana y Cristiana”, denunció la madre de uno de los estudiantes.

“Evidentemente están sembrando sus semillas en las mentes de jóvenes de 15 años, edad en la que creen que porque les dice su profesor es lo cierto (…) Van a salir 120 alumnos por año con ese lavado de cerebro, a menos que intervengan sus familias”, sostuvo la mujer, que advirtió que el próximo año trasladará a su hijo a otra institución educativa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.