A través de su cuenta de Twitter, el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizó el anuncio sobre la prórroga por 6 meses en la aplicación de la retención del Impuesto a los No Residentes (INR).

En entrevista con ABC Cardinal, el mismo explicó que la aplicación de este nuevo impuesto, surgido en base a la Ley Nº 6.380 de “Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, estaba prevista para junio de este año.

A raíz de la coyuntura que se vive actualmente como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la SET decidió trasladar la retención para enero del 2021.

La ley contempla un gravamen para los servicios digitales que tienen un coste adicional, el cual es facturado a través de las tarjetas de crédito o débito del cliente, como es el caso de plataformas como Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, Spotify, Deezer, etc.

Según Orué, con esta decisión indirectamente se estaría ayudando a los usuarios porque normalmente este tipo de decisiones hace que aumente la tarifa de los servicios, trasladando el porcentaje del impuesto al consumidor final. “Entendemos la situación, sabemos que gran parte de la gente utiliza estos servicios durante la cuarentena”.

De acuerdo a las estimaciones de la SET, el cobro del Impuesto a los No Residentes (INR) hubiera representado una recaudación de aproximadamente US$ 1,5 millones en este plazo de 6 meses.

Cabe recordar que, en la actualidad, ninguna plataforma digital de origen extranjero está abonando impuesto alguno en Paraguay atendiendo a que no se encuentran asentadas en nuestro país y la ley anterior no estipulaba el cobro de tributos a estas empresas. Es el caso de Netflix, Spotify, Deezer, Amazon Prime Video y todas las que están incluidas en esta categoría de streaming, por citar algunos ejemplos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.