Al ser consultado por qué no publican el porcentaje de las 21.211 mesas que están afectadas por inconsistencias, ateniendo que Efraín Alegre mostró solo 15 documentos para argumentar que hubo fraude electoral, el apoderado liberal respondió que esto es un indicio de irregularidades y que no mencionaron en ningún momento la palabra fraude. Es más, echó la culpa a los partidos políticos con representación parlamentaria, al decir que fueron estos los que instalaron esa situación.

“Cuando recibimos la denuncia y recibimos documentación utilizada para el TREP, vemos que difiere de los certificados que tenemos, entonces pedimos hacer un control público y no apurado. A eso se sumó que otros partidos políticos denunciaron otros hechos, al igual que varios ciudadanos cuyos votos no aparecían en los certificados electorales”, dijo.

Al reclamarle que los líderes de la oposición sí hablan de un fraude, González explicó en entrevista con la radio ABC 730 AM que en realidad “hay una desconfianza del resultado oficioso” y aseguró además que sí están respetando los resultados de las mesas electorales”.

“La información trasmitida a través del TREP podría no reflejar la realidad de las actas electorales, que recién están siendo juzgadas desde el inicio. Hay actas que difieren. Entonces pedimos un control pormenorizado, no tomando como un hecho consumado”, defendió.

Sin embargo, el propio Efraín Alegre dijo ayer martes que “hay muestras claras de fraude” y que mostrarán más adelante todos los casos. “Nuestra posición es trabajar en el control de las actas. Hoy recibimos denuncias de diferencias entre las actas y el TREP. Vamos a controlar voto a voto, acta a acta”, aseguró.

EVITA DAR NOMBRES

Se le preguntó al representante de los “azules” dónde estaban todos los jefes de mesa, apoderados, veedores y miembros de mesa del Partido Liberal y la Alianza Ganar cuando se elaboró el acta para el TREP. Ante esto respondió: “Siempre decimos que tenemos indicios y que debe ser corroborado en las actas electorales. Ese documento además es manejado por el funcionario de la Justicia Electoral”, justificó queriendo tirar la pelota al TSJE.

Expuso el caso de la mesa cuatro del colegio electoral en Santísima Trinidad, donde en el acta del TREP figura cero para la alianza, pero los certificados de control muestran 65 votos. “El acta es lo primero que se hace y es trasladado por un funcionario hasta un lugar para enviar al TSJE”, siguió desviando para evitar responder sobre la pregunta inicial.

El certificado de transmisión para enviar a la Justicia Electoral posee tres firmas y una de ellas debe corresponder a los veedores liberales. Sin embargo, en todo momento, el entrevistado evitó decir si llegó a reconocer o no a una de las tres rúbricas como alguno de los integrantes del aparado de control electoral (es decir miembro de mesa de la Alianza). “Yo pregunto por qué hay tanto cuestionamiento hacia la Alianza”, arremetió contra el periodista Enrique Vargas Peña, quien en todo momento reclamaba que sea claro en sus respuestas, ya que apoyaba a la oposición pero deseaba mayores datos que permitan comprender la cuestión.

Al reiterársele la importancia que conlleva conocer cuáles son los nombres, de modo a sustentar la denuncia que hacen, González volvió a responder que esperan el conteo final y que confía en sus hombres. “Después vamos a hablar de los nombres, pero en este momento hay diferencias en resultados y queremos esperar. Nosotros confiamos en los certificados y en los resultados que están en los sobres y en las actas firmadas por nuestros representantes electorales”, acotó.

Por otra parte, denunció que aparentemente hubo doble voto de apoderados y veedores, y que se emitieron carnet del Partido Colorado para el efecto. “¿Cómo podemos comprobar para que sea serio? Debemos tener documentos oficiales. Entonces solicitamos copias de las actas y el padrón electoral de todas las mesas, pero aun no tenemos respuestas”, añadió.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.