Ramírez explicó que estas instituciones conformaron un Consejo Empresarial, cuya tarea fundamental es adecuar la malla curricular de acuerdo a la demanda de la comunidad; es decir, implementar la educación técnica teniendo atendiendo el crecimiento de las empresas del municipio.

El empresario, quien ejerce la titularidad del Consejo, indicó que actualmente los alumnos al concluir sus estudios secundarios reciben sus títulos de bachilleres en electricidad, construcción y química industrial.

De este colegio egresan anualmente 90 bachilleres muy bien capacitados, la mayoría de ellos provenientes de familias de escasos recursos del municipio de Villeta y alrededores.

Mantiene un sistema exigente de ingreso, considerando la capacidad de la institución que hoy se plantea la posibilidad de ampliar sus cupos debido a la gran demanda.

Todos los años se presentan unos 200 jóvenes con intención de formarse en esta casa de estudios, pero sólo cerca del 50 % puede concretar su objetivo.

Ramírez dijo que lo más interesante de esta alianza es que permite que los estudiantes, en un 90 % garanticen su inserción laboral.

“Las empresas colaboran en las prácticas y pasantías escolares en sus industrias y el 10% restante continúa sus estudios en la universidad”, manifestó.

Para la creación del Colegio Técnico Departamental Municipal, la Unión Industrial Paraguaya se encargó del equipamiento de la institución; la Gobernación de Central realizó las obras de infraestructura; la Municipalidad cedió el predio y el Ministerio de Educación provee los rubros para los docentes.

“Ha sido una experiencia muy gratificante y productiva, pero sobre todo una manera de demostrar que las alianzas entre el sector público y el privado son absolutamente positivas. Beneficiamos a la comunidad, a las familias de escasos recursos, un modelo sostenible que sirve tanto para alumnos como a empresarios”, sostuvo.

“Nuestras industrias necesitan de mano de obra calificada y nuestro sistema educativo adecuarse a los estándares que permitan que los alumnos puedan desempeñarse efectivamente en el campo laboral. Queremos seguir apuntalando al crecimiento de la comunidad beneficiando a familias y fortaleciendo nuestras empresas con eficiente mano de obra”, expresó.

El miembro de la UIP solicitó a los parlamentarios tomar decisiones adecuadas que contribuyan y faciliten la incorporación de infraestructura y avances en materia de desarrollo, que tanta falta le hacen al país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.