Aprueban millones para pagar más salario y endeudan a la municipalidad para obras

Con la fuerte presión de los operadores políticos del intendente Mario Ferreiro, la Junta Municipal de Asunción aprobó la emisión de bonos por G. 100.000 millones para obras públicas y sancionaron el presupuesto para el 2020 donde se estipula un aumento de G. 140.000 millones para los más de 8.000 funcionarios municipales. Mientras tanto la capital está sucia, destruida y fea.

El concejal asunceno Alvaro Grau comentó a la radio 650 AM que sus colegas (excepto Orlando Fiorotto, Federico Franco Troche y él) aprobaron un préstamo por G. 65.000 millones y bonos por G. 50.000 millones para obras municipales, y el presupuesto de G. 1,5 billones para el año que viene, con aumento de G. 140.000 millones para los más de 8.000 funcionarios municipales.

El concejal sostuvo que la Junta ya aprobó a la Intendencia 125.000 millones de guaraníes en bonos, pero no se ve reflejada en las obras de la capital. “La ejecución de esos bonos ha sido bajísima. Realmente no corresponde retirar nuevos bonos para hacer lo que ya se debió hacer. Se somete al municipio y al contribuyente a pagar intereses anuales durante 10 años con la emisión de bonos para hacer obras que no se ven, no existen o no se hacen”, arremetió.

El edil capitalino recordó que en diciembre del año pasado se quitó un crédito de G. 55.000 millones para pago de salarios de diciembre y aguinaldo, pero en enero había gente que todavía no había cobrado. La sospecha es que el dinero en realidad fue utilizado para otro fin. “Es una vergüenza de que se saca un crédito pero al final no se paga el salario. Hemos pedido informes pero no nos responden”, acotó.

Grau cuestionó además que ayer se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año que viene, donde se fijó G. 4.000 millones para la Dirección de Obras y G. 10.000 millones para la dependencia de Comunicación. “¿La ciudad necesita obras o comunicación? Entiendo que el intendente haya sido comunicador, pero para comunicar uno tiene que tener gestión. Esta administración no tiene gestión para estar comunicando y eso se ve al recorrer los espacios públicos. La mejor comunicación es encontrar las plazas limpias y las calles y veredas en buen estado”, argumentó.

Otro punto que a su parecer no condice es destinar muchísimo dinero para la Dirección de Implementación de Tecnología, siendo que la ciudad requiere aspectos básicos, como el desagüe pluvial.

Querellan a Andrés Gubetich, expresidente de IPS: acusado por estafa de US$ 2.350.000

A la larga lista de acusaciones de corrupción, de los tiempos en que era presidente del IPS, Andrés Gubetich suma ahora una nueva demanda en contra. Lo acusan por estafa y lavado de dinero, denuncia extendida a su esposa, María Rosa Araujo.


La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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Denuncian ofrecimiento de cargos públicos vía telefónica: Salud sale al paso

Desde el Ministerio de Salud salieron al paso ante la aparición de denuncias relacionadas con el ofrecimiento de cargos públicos por parte de desconocidos.

A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Licitan mejoramiento de franja de dominio de casi 3.000 km de rutas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene el fuerte compromiso con la seguridad vial y en ese marco lanzó el llamado a licitación para el mejoramiento de la franja de dominio de 2.868 km de carreteras por niveles de servicio.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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