La exposición de motivos explica que la renuncia presentada por el Intendente de San Alfredo, Departamento de Concepción, motivó una convocatoria a elecciones internas partidarias y municipales para este año.

Según los proyectistas, la utilización de un padrón “sin depuración” en el lugar, desencadenaría en otra elección “injusta e ilegítima”, dado el llamativo e inusual crecimiento en la etapa previa a los comicios del año 2021.

Esto se dio porque una gran cantidad de ciudadanos de otros distritos se trasladaron a San Alfredo solo en los papeles, al efecto de votar en las internas partidarias y demás elecciones, señalaron.

El documento relata que se plantearon tachas en el Juzgado Electoral de Concepción, siendo las mismas rechazadas.

“El abultamiento del padrón se mantuvo sin depuración alguna, lo cual sin duda modificó sustantivamente los resultados electorales de 2021”, dice el proyecto impulsado por los diputados Emilio Pavón (PLRA-Concepción); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); y Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú).

Los legisladores apuntan a suspender temporalmente el artículo en cuestión, que dice: “La depuración del Registro Electoral es permanente, excepto durante el período comprendido entre 90 días anteriores y 30 días posteriores a la fecha de las elecciones”.

La idea es que pueda efectuarse en San Alfredo una verificación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Se explicó que deben ser excluidos los fallecidos y declarados presuntamente fallecidas por sentencia judicial; los inhabilitados o declarados en interdicción; las inscripciones repetidas, dejando sólo la realizada en último término; las inscripciones hechas fraudulentamente; los ausentes del país por más de cinco años; y los tachados.

La diputada Sánchez comentó que recibieron a varios lugareños, quienes contaron que el pedido de verificación, vía intervención de la Justicia Electoral, ya se realizó hace mucho tiempo.

“En el padrón figuran muchas personas que no son del lugar. Hay que dar garantías para las siguientes elecciones”, expresó la parlamentaria.

Extender decisión a otros municipios

El proyecto aprobado tuvo una importante modificación, también con visto bueno del pleno, por moción del legislador Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

La misma tiene como objetivo que “la verificación del TSJE no solo sea en San Alfredo, sino en todos los distritos donde se convocaron elecciones para este año”.

Vale puntualizar que la normativa no tuvo respaldo de la Bancada ANR (sector Honor Colorado).

En representación del bloque, Tadeo Rojas (ANR-Central), recordó que la convocatoria a internas en los municipios que se hallan en esta situación, es para el 9 de julio, mientras que las elecciones municipales serán el 10 de setiembre.

Indicó que hay plazos fijados para la revisión del TSJE, antes y después de las elecciones; y que en estos momentos ya no hay tiempo para consultas técnicas.

Concretamente, planteó el rechazo.

Finalizado el intercambio de opiniones se procedió a la votación de rigor y el resultado fue favorable al proyecto, con la modificación del diputado Villarejo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.