René Fernández, ministro de la Secretaría Anticorrupción e integrante de la Comisión de Control de Compras COVID, indicó a la radio 730 AM que existe una recomendación expresa a Salud Pública para analizar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en las licitaciones y las sanciones que correspondan, al constatarse una serie de irregularidades.

“Nosotros pedimos los sumarios para todos los funcionarios involucrados. Si existen esas irregularidades corresponde una investigación para que cada uno ejerza su debida defensa. Hay que seguir haciendo las investigaciones para tener las hipótesis correspondientes que puedan ser evaluadas en el ámbito penal”, dijo.

Señaló que el Ministerio de Salud ya hizo una denuncia por tentativa de lesión de confianza ante el Ministerio Público, ya que en un solo día se hizo la evaluación, se elaboró y entregó al clan Ferreira el cheque del anticipo de 17.000 millones de guaraníes por los insumos médicos. “Allí existió una disposición patrimonial e incluso Salud ya hizo la denuncia”, dijo.

Fernández indicó que la investigación recién es incipiente y que puede también cobrar fuerza la hipótesis de tentativa de estafa, que es punible y posee elementos en la conducta a evaluarse para su aplicación. “Nosotros no descartamos otras hipótesis que pueden ser profundizadas con los documentos”, acotó.

Entre las irregularidades detectadas por dicha comisión de control figura la falta de fijación de los precios referenciales del momento y ello ocasionó que haya existido una sobrefacturación del 200% por sobre el precio referencial.

También una incoherencia entre las actuaciones del Comité de Evaluación porque antes ya firmaban algunos procesos. Al respecto mencionó que preocupa que se pueda cuestionar la legalidad de la intervención de los funcionarios encargados del comité.

Otro punto que se cuestiona es que se haga referencia a la atención de la pandemia para la adquisición de otros ítems para Salud Pública que en realidad no guardan relación con el tema.

Además la comisión hizo una observación a la compra por la vía de la excepción hecha por la urgencia del momento, ya que el procedimiento para adjudicar se hizo rápido pero no fue así para recibir los insumos médicos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.