Este 2 de septiembre se cumple un año del asesinato de las niñas paraguayas pero además con nacionalidad argentina Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ocurrido en el Departamento de Concepción, República del Paraguay, en el marco de un operativo militar de la Fuerza de Tarea Conjunta.

En un comunicado emitido por Cancillería, el Ejecutivo argentino lamentó que a la fecha no hayan sido esclarecidos los hechos vinculados a la muerte de las niñas, y por ello ha manifestado en numerosas oportunidades al gobierno de la República de Paraguay su profunda preocupación por el caso. A la vez, ha solicitado que, en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas.

En este contexto, el vecino país solicitó al gobierno paraguayo que facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que Paraguay se ha negado sistemáticamente.

Asimismo, Argentina manifestó su intención de acompañar con un Amicus Curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de solicitar una investigación independiente, objetiva e imparcial que permita el esclarecimiento de las circunstancias en las que éstas fueron asesinadas. De igual manera, que permita verificar el proceder posterior adoptado por las agencias del Estado paraguayo y las responsabilidades que le caben a cada una de ellas en el marco de lo normado por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Mientras Argentina dice que las niñas tienen la nacionalidad argentina, el Gobierno de Paraguay afirma que las mismas en realidad nacieron en suelo paraguayo y que luego fueron llevadas a Argentina, de donde salieron en noviembre del 2019 para visitar a sus padres en el campamento guerrillero.

El pasado 29 de diciembre, las autoridades paraguayas mostraron una serie de documentos que atestiguan que el grupo criminal del norte recluta a menores en sus filas, tal como lo hicieron con las dos niñas abatidas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.