En entrevista con la 650 AM, Luis Villasanti confirmó que desde la ARP han expresado su preocupación en relación a las invasiones de propiedad que se han venido registrando en las últimas semanas.

Según indicó, la propiedad privada está garantizada por la propia Constitución Nacional y por ello es lamentable que “la gente invada por invadir”. Citó el caso de Rodrigo Galeano, un poblador de la ciudad de Ypané que denunció la ocupación del terreno que pertenece a su familia.

“Muchas veces se premia al invasor y los derechos consagradas en la Constitución los tiene el invasor y el delincuente. Acá te invaden y el propietario no tiene ningún derecho, tiene que hacer un protocolo y esperar”, refirió a Radio Uno.

Villasanti sostuvo que “no se puede construir un derecho sobre una ilegalidad” y considera que “todos juntos tenemos que combatir a la delincuencia porque realmente son delincuentes”, haciendo alusión a los invasores. “Lo que pasó en la ocupación de Copaco con la señora Cristina Aquino que cobraba para entrar en la propiedad, eso es vender esperanzas para la gente necesitada. En invasiones rurales también ocurre con muchísima frecuencia, el invasor tiene que pagarle al líder, si es que no pagas no entras a la propiedad, así se manejan, es un negocio ilícito para venta de pedazos de tierra”, afirmó.

“Es cierto que la gente tiene derecho a la vivienda pero no sobre un ilícito, cuando estás invadiendo una propiedad estás cometiendo un delito y sobre ese delito no podes construir viviendas y darle a los invasores, o sino esto va a ser un caos”, manifestó el titular de la ARP.

El mismo confirmó que estuvieron conversando sobre este tema con el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y él les manifestó su total respaldo ante este flagelo, además de brindarles la plena seguridad para actuar.

Finalmente, propuesto que desde el Gobierno Nacional puedan plantear algún proyecto que apunte a solucionar la problemática de tierras que sufren muchos de estos invasores que ocupan inmuebles de manera irregular.

NUEVE INVASIONES EN YPANÉ

Horacio Ortiz, intendente de Ypané, reportó a la misma emisora que actualmente hay nueve invasiones de terrenos privados y públicos, causando zozobra y disgustos a los pobladores.

“No estamos en desacuerdo que la gente se mude a Ypané, pero sí que invadan y creen asentamientos colgándose del servicio eléctrico. Estos pseudodirigentes que se manejan en camionetas 4×4 engañan y estafan a gente que realmente necesitan, que llegan de distintos puntos del país que pagan para ocupar estas tierras”, criticó la autoridad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.