En la Compañía Ñu Pa’û, departamento de Ñeembucú, se llevó a cabo el allanamiento en prosecución al millonario asalto en el que torturaron y mataron a un anciano.

Durante el procedimiento incautaron un celular, gramos de marihuana en pan y un calzado utilizado presuntamente por uno de los agresores. Sin embargo, no hubo detenidos.

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El asalto ocurrió en el distrito de Villalbín el sábado por la tardecita. Resultó víctima una pareja de ancianos: Salvador Marín (87) y Raquel Saucedo (75). Robaron 30 millones de guaraníes, no sin antes torturar al hombre, quien, finalmente falleció de un infarto.

El fiscal Jorge Encina informó que la causa está caratulada como robo causante de una muerte. La expectativa de pena va de 8 a 30 años.

“Hablamos de una zona que no tiene este tipo de hechos punibles. El terreno hace dificultoso que una persona que no conozca esa área, pueda irrumpir de esta manera”, comentó el fiscal, en una entrevista con la 780 AM.

Por este motivo, no se descarta que los responsables del hecho pertenezcan al entorno cercano a las víctimas.

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Además de las apps Mi IPS y Vivo , los jubilados y pensionados de la previsional también tendrán la alternativa de la app de Itaú para completar cada tres meses la comprobación de supervivencia.

La validación con los mecanismos de autenticación biométrica permite evitar traslados innecesarios a los usuarios, quienes pueden hacer todo desde la comodidad del teléfono.

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El acuerdo entre el IPS y el banco no implica ningún costo para el instituto e incluye mecanismos de asistencia para los usuarios en la nueva modalidad de validación.

LOS DEMÁS MÉTODOS SIGUEN VIGENTES

La herramienta tecnológica “Vivo”, integrada en la aplicación MI IPS, también sigue vigente. Esta permite validar la sobrevivencia de los jubilados y pensionados mediante un sistema de reconocimiento facial.

Para este trámite, se notificará a las personas, vía mensaje de texto, 15 días antes del vencimiento de la fe de vida, y en ese momento el aplicativo habilitará a los usuarios para realizar el proceso, lo que asegura la continuidad en el cobro de las prestaciones económicas de forma rápida y segura.

Por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal está acusado Miguel Prieto por hechos perpetrados en la Intendencia de Ciudad del Este en el 2020, durante la pandemia.

El Tribunal de Apelación ratificó la resolución del juez de garantías Humberto Otazú que elevó la causa a juicio oral y ahora se deberá sortear el tribunal que juzgará el caso.

La investigación señala que en ese periodo Prieto simuló compras de alimentos y fue cabeza de la estructura como ordenador de gastos de la comuna.

En ese sentido, Prieto autorizó el uso de fondos municipales para supuestamente pagar compras que no se hicieron (lesión de confianza).

Direccionó la licitación en beneficio de una empresa vinculada a su pareja (administración en provecho propio).

Lideró un grupo permanente de funcionarios municipales y personas de afuera para facilitar estos actos de corrupción.

MODUS OPERANDI: compras simuladas, empresa sin capacidad, mercaderías fantasma

Compra simulada: entre marzo y junio de 2020, Prieto llamó a licitación por vía de la excepción para comprar insumos destinados a la elaboración de panificados y kits de alimentos para familias de escasos recursos.

Empresa sin capacidad: el contrato fue adjudicado a la firma unipersonal Tajy Servicios Generales, propiedad de Buenaventura Morínigo (tío de la expareja de Prieto). Tajy se dedicaba a la construcción de pozos artesianos, y no contaba con la capacidad logística ni stock para proveer alimentos, según la Fiscalía y la Contraloría.

Mercaderías inexistentes: se entregó un dinero por mercaderías que nunca fueron entregadas a la Municipalidad. Además, se detectaron actas de recepción con fechas anteriores a las supuestas compras realizadas por el proveedor

EL ROBO

El daño económico estimado a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este asciende a G. 306.188.500. El caso fue elevado a juicio oral este martes 4 de agosto por orden del juez Humber Otazú.

Agentes antidrogas, liderados por la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Luis Fernando Escobar allanaron una vivienda en el barrio María Auxiliadora, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Durante el procedimiento incautaron 2 kilos con 585 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a unas 5.170 dosis. Además, se hallaron 1 kilo con 195 gramos de sustancias que serían componentes utilizados para mezclas o adulteraciones destinadas a aumentar el volumen de las drogas. Esto se confirmará mediante análisis de laboratorio.

Además, detuvieron a Carlos Herminio Uldera Fernández, paraguayo, de 34 años, nacido en Hernandarias.

Como evidencias, se incautaron en una prensa hidráulica con moldes metálicos, una balanza digital y tres balanzas de precisión, utilizados para el procesamiento y preparación de sustancias estupefacientes.

Por otro lado, incautaron un importante lote de productos farmacéuticos inyectables, entre ellos, LIPOLESS MD15 y TIRZEC 15, además de productos rotulados como TG15, CU50, CU100, XL-PEPTIDES, MS-10 y VOLTRANE, entre otros.

Algunas denominaciones corresponden a productos comercializados como tirzepatida. La autenticidad, composición, procedencia, registro sanitario y condiciones de almacenamiento de los productos deberán ser verificados.

DROGAS Y ADELGAZANTES

Se investiga la posible logística compartida de transporte y distribución de drogas y medicamentos hacia el mercado brasileño.