Al respecto, el empresario aseguró que la pista representa un punto de encuentro para toda la comunidad, donde se realizan diferentes actividades sociales y eventos de entretenimiento para la familia. Sobre la presencia de militares, refirió que personal de la Segunda División de Infantería custodia históricamente ese lugar, desde la época de la dictadura.

En conversación con La Nación, Friedmann negó totalmente las acusaciones vertidas por el abogado Federico Campos López Moreira, representante de la firma LMJ SA, quien denunció que el aeródromo funge como “pista clandestina” para traslado de materia prima minera y hasta incluso de drogas, y que el lugar está siendo custodiado por militares con venia del Ejecutivo.

“Acá viene un abogado y dice que el lugar es una pista clandestina. En ese lugar hicimos eventos de todo tipo, con el Aeroclub Guaireño, Codapar, Club Ybytu, con el Centro Guaireño de Motores, bomberos y padrinos del Ybyturuzú. Siempre, ante cualquier actividad, se comunicó a la Dinac y también a los militares por nota”, dijo.

Agregó que: “Miles de personas asisten en familia para observar su primer vuelo que llegaban en los festivales aéreos. Siempre se respetó ese lugar y todo Villarrica estuvo ahí compartiendo. ¿De qué clandestinidad me hablan? Si la pista se observa fácilmente desde la ruta. Ahí también llegaron presidentes, ministros, empresarios, ganaderos y toda la aviación deportiva del país”.

Mencionó también que la pista nunca se habilitó profesionalmente porque hay títulos de propiedad en controversia judicial desde hace 9 años. Señaló que la empresa LMJ nunca firmó el documento de propiedad, y que ahora viene a denunciar todo un falso esquema, solo con la finalidad de recuperar el predio para lotear y comercializar como negocio inmobiliario.

Respecto a los militares, Friedmann refirió que los uniformados de la Segunda División de Infantería del Ejército Nacional siempre estuvieron custodiando esa locación, incluso desde tiempos de la dictadura, ya que se ubica al lado mismo del predio militar.

“Cuando se habla de clandestinidad es algo que está en el medio del monte. Pero este predio lo conocen todos los pilotos del Paraguay, presidentes y empresarios. Se divisa desde cualquier punto de la ciudad”, añadió.

Por último, el afectado por las acusaciones reveló que está pensando seriamente en dar en carácter de donación el predio del aeródromo a la Segunda División de Infantería, a modo de que Villarrica no pierda un predio que le sirve a la comunidad como lugar de actividades y eventos de esparcimiento.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.