La organización Aireana, que defiende los derechos de las mujeres lesbianas en Paraguay, denunció durante el Avant Première de la película Las Herederas, que las internas en la prisión del Buen Pastor, en Asunción, no pueden recibir en privado las visitas de sus parejas mujeres en el interior del penal, pese a que la ley reconoce ese derecho.

Al respecto, la directora Ana Dina Coronel explicó a HOY que los artículos 51 y 52 de la Constitución Nacional siguen vigentes y en los mismos se establece la unión entre el hombre y la mujer, una sea en matrimonio, cónyuge o conviviente.

Artículo 51 – DEL MATRIMONIO Y DE LOS EFECTOS DE LAS UNIONES DE HECHO

La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges.

Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad, producen efectos similares al matrimonio, dentro de las condiciones que establezca la ley.

Artículo 52 – DE LA UNIÓN EN MATRIMONIO

La unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales en la formación de la familia.

Así también, Ana Dina Coronel recordó que la ley 5.162/2014 del Código de Ejecución Penal, establece el régimen de visitas privadas en su artículo 131. “Los internos que no gocen de salidas transitorias para afianzar y mejorar los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o conviviente, en la forma que determinen los reglamentos. En ningún caso, podrá exigirse a los internos una retribución pecuniaria o equivalente por recibir este o cualquier otro tipo de visitas”.

A lo anterior, según recordó, se suma la posición de la justicia, la cual en reiteradas ocasiones denegó los pedidos de las prisioneras. Y rememoró que tampoco fue reconocida una unión de hecho entre dos hombres, quienes hicieron una demanda en lo civil para la sucesión de bienes.

“Nosotros no estamos discriminando nada. Solo estamos actuando conforme a lo que dice la Ley, no podemos sobrepasarla. Si se cambia la Constitución, se podrá aceptar el pedido”, dijo respecto a las siete mujeres que desean recibir a sus parejas del mismo sexo en las privadas.

La encargada de la penitenciaría de mujeres sostuvo que en este caso se requiere de un debate legislativo, de modo a modificar la ley, para garantizar el derecho de las reclusas y reclusos homosexuales a tener encuentros íntimos con sus parejas.

Sin embargo, la organización Airenana no coincide con todo lo expuesto, porque considera que el reglamento de las penitenciarías paraguayas aprobado en 2012 no incluye restricciones sobre el género de la persona visitante.

“Exigimos que las lesbianas privadas de libertad accedan a recibir visitas íntimas en el Buen Pastor, exigimos también el cumplimiento del reglamento del año 2012, donde no se específica género ni sexo de la persona que accede a dichas visitas íntimas”, resaltaron sus integrantes.

Misma situación ocurre en la penitenciaría de Tacumbú, donde no permiten el ingreso a los cuartos privados de personas del mismo sexo. Numerosas manifestaciones hicieron varias organizaciones gays al respecto, pero sin resultado alguno.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.