La agente fiscal Reinalda Palacio sostuvo la acusación en un juicio oral y público que se llevó a cabo contra Francisco Juan Duarte Dávalos alias “Chinito” por el hecho punible de Homicidio Doloso, y se logró para el mismo una condena de 15 años de pena privativa de libertad.

El hecho ocurrió en el Asentamiento Romero Cue de Pedro Juan Caballero, el 12 de junio del 2016, en dónde resultó víctima fatal Tomás Ortiz Denis. La víctima y el hoy acusado se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, y tras una discusión, Duarte Dávalos le aplicó una herida con un arma blanca en el pecho a Tomás Ortiz quien cayó muerto en el lugar.

El Tribunal de Sentencia que dictó la pena estuvo conformado por Marcelina Quintana como presidente, Mirna Soto González y Carmen Silva.

De los 505,3 millones de dólares en 22 meses, USD 244,5 millones por royalties y USD 211 millones en carácter de compensación por la cesión de energía fueron depositados en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas.

En tanto, la ANDE recibió USD 49,8 millones por utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión, según la Dirección Financiera, Margen Derecha.

En cuanto a los movimientos de noviembre, 21,9 millones de dólares corresponden a los royalties y 19,9 millones de dólares a la cesión de energía, mientras que, la ANDE ingresó 1,7 millones de dólares, totalizando 43,5 millones de dólares hasta noviembre.

DISTRIBUCIÓN

Los royalties son distribuidos al Presupuesto General de la Nación y a los gobiernos departamentales y municipales.

La compensación por cesión de energía va para el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y a los municipios y gobernaciones en un porcentaje menor.

En cuanto a la ANDE, el dinero recibido tiene como fin la cobertura de los planes de inversión que permitan garantizar el servicio de calidad.

Bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer y el Instituto Paraguayo del Indígena, y con la colaboración del UNFPA y el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible en Paraguay, implementado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) financiado por la Unión Europea, se instalaron 23 mesas de trabajo conformadas por instituciones del Estado y lideresas indígenas. Este espacio permitió una participación activa y la construcción colectiva de protocolos de actuación, manuales y guías de atención para casos de violencia.

“Este camino lo iniciamos hace más de un año. Fuimos a los territorios junto a las mujeres indígenas, pero ellas también vinieron a nuestras oficinas, a cada una de las instituciones que están en la ruta crítica de atención. Me llena de orgullo porque hemos desarrollado una nueva forma de política pública. Pasamos de superar una visión en la que se hace acciones por ellas a una nueva visión, con ellas y para ellas”, explicó la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, remarcando cómo este proceso colaboró a abandonar una mirada etnocentrista para que las propias mujeres indígenas, desde su cosmovisión, sean las protagonistas del mismo.

En el área de administración de justicia, el Ministerio de la Defensa Pública fortaleció sus instrumentos, a fin de garantizar el respeto a las mujeres indígenas y una comunicación efectiva, contemplando el uso de intérpretes imparciales. Para ello emitió la resolución N° 1475 que modifica parcialmente su protocolo de actuación.

Jacinta Pereira, del Pueblo Sanapaná y lideresa de la articulación Mujeres Indígenas del Paraguay, celebró los avances en el acceso a la justicia. Junto a sus compañeras espera que los trabajos continúen hasta que la aplicación de todos los instrumentos sean una realidad.

“Siempre se dice que las mujeres indígenas son guardianas del bosque y yo lo que quiero pedirles a ustedes es que sean responsables en ayudarnos a nosotras para que sigamos siendo guardianas del bosque, guardianas de nuestra cultura, guardianas de nuestros hijos. Que todos juntos, agarrados de las manos, vamos a abrir caminos con un sendero muy lindo y construyendo un Paraguay mucho mejor”, manifestó.

La Dirección de Derechos Humanos y la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia elaboraron una propuesta que incorpora la perspectiva intercultural en su “Protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico e intrafamiliar”.

A su vez, la Fiscalía General también está trabajando en una propuesta de “Guía de Actuación para las Comunidades Indígenas”. Asimismo, se creó recientemente la Fiscalía Adjunta de Intereses Difusos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Mediante la resolución N° 667, el Ministerio del Interior aprobó en agosto de 2024 el “Manual de Actuación Policial y de Articulación para la Atención Integral ante Hechos de Violencia Intrafamiliar”, con disposiciones específicas para abordar casos que involucren a mujeres y niñas de pueblos indígenas.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia entregó en la ocasión la resolución N° 1318 que establece la socialización de la propuesta de Estrategia Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia de Pueblos Indígenas, mientras que el Ministerio de Salud estudia la incorporación de una mirada intercultural en su Manual de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Sexual y de Género en el Sistema de Salud.

Las observaciones que realizaron las lideresas también sirvieron para la elaboración del nuevo diseño de la “Guía de atención a casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes dirigido al funcionariado del Ministerio de Desarrollo Social”.

El embajador de la Unión Europea en Paraguay, Javier García de Viedma, reconoció el compromiso del gobierno y el papel fundamental de las mujeres indígenas en señalar que la violencia no es solo un problema de género, sino una negación de la existencia misma. “Nunca antes el Gobierno del Paraguay se había comprometido con esta amplitud en un abordaje conjunto con las mujeres indígenas para compartir el grave problema de la violencia que siguen experimentando. Sabemos que la violencia contra las mujeres no es un problema que afecte solo a ellas, es un problema para el desarrollo de todas nuestras comunidades”. Finalmente celebró el prometedor resultado del trabajo conjunto y reafirmó el compromiso de la Unión Europea de seguir combatiendo la violencia hacia las mujeres, en todas sus formas.

Sobre los avances expuestos, la representante nacional de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Rocío Galiano Marés, mencionó que queda por delante formalizar los pactos administrativos asumidos por las instituciones a través de un instrumento específico, así como la capacitación de los servidores públicos de las siete instituciones que forman parte del proceso.

“Sabemos que el hecho de que exista la letra es muy importante, pero para que la letra esté viva es necesario llegar al territorio, es necesario acompañar a los servidores, es necesario hacer las correcciones necesarias cuando se produzcan desvíos acerca de esos caminos institucionales que fueron definidos”, agregó.

En la misma línea y en representación de sus compañeras, Jacinta Pereira llamó a que los acuerdos alcanzados se conviertan en realidad y no descansen en los cajones.

Un protocolo estricto fue elaborado por el Ministerio de Justicia para que los menores de edad vuelvan a ingresar bajo el régimen de visitas a las penitenciarías.

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La nueva disposición se da tras la denuncia de abuso sexual que se habría cometido contra un menor en el Centro de Reinserción Social de Cambyretá (Cereso), durante el horario de visita en octubre pasado.

Una de las medidas es, si el vínculo entre el niño y la persona privada no es directo por consanguinidad, el equipo técnico de psicólogo y trabajador social del centro penitenciario tendrá una entrevista con las partes.

El titular de cada penitenciaría deberá establecer un día único y exclusivo para las visitas de niñas, niños y adolescentes, quienes estarán acompañados por un familiar responsable.

El horario de visitas será establecido por el titular de la penitenciaría, posterior al primer cambio de guardia y no podrá superar el horario de cierre de pabellones.

Se realizarán en un espacio abierto o espacio común de recepción de visitas sociales, a la vista de todos, de ser posible se limitará el espacio con cinta perimetral del cual no se podrá salir durante la misma.

Entre otras disposiciones, se prohíbe el registro corporal de los niños salvo casos de sospechas fundadas. Ante dicha situación, la revisión o el registro deberá realizarse con autorización y en presencia del familiar o adulto responsable que lo acompañe.

La inspección quedará a cargo del médico o el personal de sanidad del centro penitenciario.