En el marco de la Audiencia de verificación de allanamiento a cargos y para dictamiento de sentencia anticipada llevada a cabo contra los responsables del asesinato del agente fiscal paraguayo Marcelo Pecci, un juez colombiano resolvió dictar el fallo a 47 años de cárcel, pero cumplirán 23 años y 6 meses de cárcel para el venezolano Wendel Scott Carrillo (31), y los colombianos Eiverson Zabaleta, Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londres. Los mismos fueron procesados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado.

Los acusados pidieron perdón a la familia que a su vez solicitó pena máxima para los criminales.

Según los cargos aceptados por los propios implicados, quienes asimismo recibieron una rebaja en la pena por haber reconocido sus actos por homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas agravado en calidad de coautores, Wendel Scott es quien disparó contra el fiscal Pecci, además Zabaleta se encargó de alquilar y manejar la moto acuática, mientras que Londoño y Monsalve, madre e hijo, respectivamente, fueron quienes siguieron en detalle los pasos del fiscal, incluso hospedandose en el mismo hotel que la víctima. Igualmente, Francisco Galeano quien habría articulado y financiado los hechos, no aceptó los cargos, pero se encuentra detenido.

El fiscal Pecci fue atacado el 10 de mayo, cuando se encontraba de luna de miel en la playa de Baru, donde los ahora condenados lo últimaron tras un ataque preparado y a punta de arma de fuego.

En la diligencia, tras una exposición de la Fiscalía y la ratificación de que los ahora acusados aceptaron los cargos de manera libre y voluntaria, el juez resolvió avalar este allanamiento y resolvió las penas para los capturados, que tendrán una rebaja por la aceptación de cargos y deberán cumplir en una cárcel de máxima seguridad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.