Desde el mismo Instituto de Previsión Social (IPS) reconocieron días atrás que desde el 2020 están usando las rentas del ente para cubrir el déficit del fondo de jubilaciones. El monto utilizado suma a la fecha G. 400.000 millones.

El 11 de mayo de 2020, por resolución 036-012/2020 se dispuso utilizar la reserva técnica por primera vez. La decisión fue adoptada por Andrés Gubetic como presidente de la previsional, y los miembros del consejo Vicente Bataglia (quien es actual titular del IPS), Miguel Doldán, Ludia Silvera, Roberto Britez, Gustavo Arias y Marcelo Martins Benedetti.

En ese entonces quien fungía como gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) era Pedro Halley, quien recién ahora salió a cuestionar lo que se viene replicando desde ese entonces para poder pagar a los jubilados ante el déficit en las recaudaciones.

Una nota interna remitida el 27 de abril del 2020 por Pedro Halley a la Gerencia de Administración del IPS demuestra que el entonces gerente de prestaciones económicas estaba al tanto de la medida e incluso él era quien la solicitaba a raíz de la insuficiencia de recursos y por ende la imposibilidad de pago a los jubilados que estaba en puerta.

“Por efecto de la disminución de los ingresos por aportes, resultantes del “cese total de actividades” y de la “suspensión temporal de los contratos…”, causales de Desempleo previstas en el artículo 46° de la Ley N° 6.524/20, los recursos por aportes destinados al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (54,34%) podrían llegar a ser insuficientes para cubrir el monto de los compromisos con los beneficiarios, a partir del mes de mayo/2020. En ese sentido, nos anticipamos en peticionar la utilización de las Reservas Técnicas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, a efectos de complementar los recursos por aportes hasta los valores que sean necesarios para cubrir el 100% de los compromisos”, reza el documento que lleva la firma de Halley.

Para Cecilia Rodríguez, actual gerente de prestaciones económicas, quien defiende el uso de la reserva técnica, resulta llamativo que Gubetic ni Halley hayan comunicado dicha decisión a la prensa, en especial el segundo nombrado, ya que tenía suficiente acercamiento con los medios de prensa.

“En el ejercicio 2020 se dio un déficit a raíz de la pandemia por el aislamiento preventivo y las suspensiones laborales. Los gastos que se tenían superaron a los ingresos obrero-patronales. Era un momento coyuntural que debía ser solucionado en años siguientes. Siguieron las suspensiones que repercutieron en los aportes obrero-patronales. Tuvimos que usar las rentas para poder cubrir las pérdidas“, explicó Rodríguez en charla con Unicanal.

FALTA TRANSPARENTAR EL IPS

Por otro lado, Lea Giménez, integrante del equipo de transición, indicó al canal GEN que el IPS está en situación crítica, con manejos oscuros, y por ello debe transparentarse.

“Hace falta sincerar e identificar quiénes son los responsables de las decisiones que se tomaron en los últimos años sobre los fondos previsionales. No podés robar a unos aportantes para dar a otros. Además de la caída en la recaudación en pandemia, hubo una decisión adicional muy fuerte, al aumentar el haber mínimo jubilatorio, sin ningún financiamiento, que pasó de 33% al 55% y luego 75%. Este pago fue un complemento que se pagó del 2020 y representa un importante monto. Además hay un pago de beneficio anual, un aguinaldo que no tiene financiamiento, se aportan 12 meses pero se pagan 13 haberes jubilatorios, de dónde sale entonces ese dinero”, preguntó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.