Marcelo de Beitía, presidente de la Asociación de Paraguayos Estudiando en Rusia, charló con el canal Gen e informó que en ese país están actualmente 53 connacionales becarios activos, de los cuales 35 se encuentran en Moscú, 10 en San Petersburgo y el restante en otras localidades lejanas. “Hay dos estudiantes en una ciudad fronteriza con Ucrania. Estamos preocupados por ellas dos. Estamos viendo cómo ayudarlas con la Embajada”, agregó. El compatriota aclaró que él y los demás no piensan retornar al país porque deben seguir con sus estudios universitarios. “Por el momento no consideramos volver al Paraguay, porque perderíamos nuestras carreras, muchos están hace dos o tres años. Yo estoy hace un año acá. Algunos tiene carreras de 5 años, yo hago un masterado que es 3 años. Para nosotros la guerra nos deja en offside porque tratamos de seguir con nuestros estudios pero bajo miedo”, refirió. Pese a la situación de guerra, en Rusia se vive como un día normal, no se siente el conflicto que sí hay en Ucrania, de acuerdo con el entrevistado. “Hay incertidumbre pero la gente está haciendo sus actividades cotidianas de manera normal. No veo que estén muy preocupados los rusos. Desde el Gobierno tratan de calmar a los ciudadanos rusos, que no se preocupen. La mayoría quiere paz, no la guerra, por las sanciones económicas que se tendrán”, dijo. El joven estudiante sostuvo que sí ya están sufriendo por el lado económico, atendiendo a que el dólar y el euro se dispararon. Explicó en ese sentido que los becarios reciben dinero de sus familiares, quienes envían en guaraníes, por lo que los universitarios primero deben hacer la conversión a dólares y luego a rublos rusos. “Sabemos que las sanciones económicas pueden afectarnos y en cualquier momento también puede darse una escalada de guerra acá, pero esperemos que no”, acotó. Según Beitía, hasta ahora solo se cerraron los aeropuertos hacia 12 posibles zonas de conflicto en Rusia, más nada aparte de eso.

Este martes se tuvo conocimiento sobre el trágico fallecimiento de un bebé de 2 meses de vida en la zona de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Los datos refieren que el menor llegó sin signos de vida al Hospital Regional de CDE, donde fue atendido por los profesionales de blanco que ya nada pudieron hacer para salvarlo.

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Los médicos del hospital dieron aviso a la Fiscalía, que tomó intervención para investigar las causas del deceso del bebé. El informe del forense habla de una muerte por broncoaspiración.

Según la fiscal Carolina Rosa Gadea, se sospecha que el niño habría muerto al ahogarse con su propio vómito mientras estaba siendo amamantado por su madre.

Los padres de la víctima serían adictos a las drogas y actualmente residen en el asentamiento Belén del Km 4,5 de Ciudad del Este.

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Los demás hijos de la pareja (todos menores de edad) presentan lesiones y quemaduras en algunas partes del cuerpo, lo cual hace presumir que eran sometidos a maltratos físicos.

La madre del bebé acabó detenida ya que, a criterio de la fiscal Gadea, existe peligro de fuga. La misma se expone a un proceso penal por falta al deber del cuidado.

Los trabajos se realizan en el marco del Convenio de Cooperación entre la Ande y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Durante el inicio de los trabajos, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión agradeció a la ANDE por este proyecto de gran importancia que tendrá un impacto positivo en la ciudadanía en general, ya que el Parque Ñu Guasu junto con el Parque Guasu, recibe entre 40,000 y 60,000 visitas mensuales. Además, destacó que este trabajo es un paso inicial para continuar con el mejoramiento de las instalaciones en otros espacios administrados por la institución.

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Por su parte, el Ing. Félix Sosa, titular de la Ande, señaló que, por pedido de la ministra Claudia Centurión y en el marco de una cooperación entre ambas instituciones, se logra concretar este gran proyecto que proporcionará mayor seguridad a la ciudadanía con la modernización del sistema de iluminación pública y de distribución eléctrica. Además refirió que esta modernización permitirá una mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental.

Estos trabajos incluirán la instalación de 276 artefactos de alumbrado público con tecnología LED tipo 6 de 190 W, con lo cual se logrará un mayor ahorro energético y una mayor eficiencia, además de ser amigable con el medio ambiente al no ser contaminante. También se llevará a cabo el cambio de 1.075 metros de conductores desnudos a protegidos en Baja Tensión, así como 851 metros de conductores desnudos a protegidos en Media Tensión. Asimismo, se procederá al retiro de los conductores desnudos y los artefactos obsoletos.

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El proyecto es ejecutado a través de la Licitación Pública Nacional Nro. 1743/23 contrato Nro. 9398/24 (Hombre Hora Padrón) HHPO bajo la modalidad de contrato abierto y es llevado a cabo por el Consorcio TEI mediante una inversión con fondos propios de ANDE, de G. 800.905.130.

La culminación de estas tareas que serán supervisadas por el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la Dirección de Distribución, se tiene prevista en un plazo no mayor de 30 días.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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