En la jornada de ayer, alrededor de 3.000 postulantes a la Academia de la Policía Nacional denunciaron haber sido eliminados de manera irregular del proceso de admisión luego de no pasar las pruebas médicas.

A raíz de esta situación, los mismos exigieron respuestas a las autoridades encargadas de la revisión de los documentos, esto considerando la gran inversión económica y la falta de respuestas claras a la hora de ser notificados.

El comisario Víctor Balbuena, director del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), en entrevista con Radio La Unión explicó que cerca de 6.000 carpetas fueron analizadas por la Subcomisión de Admisión Médica antes de tomar esta determinación.

En lo que respecta al Colegio de Policía, unos 2.507 postulantes quedaron fuera por la cuestión médica, mientras que para la Academia Nacional de Policía otros 246, de acuerdo al último informe.

Según Balbuena, algunos de los puntos tenidos en cuenta a la hora de rechazar los perfiles fueron: alergias, enfermedades o problemas vinculados a la alimentación, los casos de “pie plano”, problemas de audición y vista, cuadros clínicos como piedra en la vesícula, entre otros. Así también, se consideró la portación de tatuajes en el cuerpo y los diagnósticos de VIH Positivo.

El titular de ISEPOL aseguró que se hará una revisión “caso por caso”, tal y como establece el reglamento, de manera a estudiar la situación que afecte a cada aspirante y ver si existe posibilidad de rever la decisión.

A las 15:00 de este viernes culminó el plazo para la recepción de reclamos. Balbuena indicó que se establece un plazo máximo de 10 días para realizar las contestaciones, aunque -a su criterio- para el martes a más tardar estarían disponibles las carpetas para dar las respuestas a los aspirantes.

En la ocasión, adelantó que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía por aquellas personas que presentaron documentos de contenido falso, tal y como lo había anunciado esta mañana el ministro del Interior, Euclides Acevedo. A priori, hay cerca de 200 casos de exámenes médicos con irregularidades.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.