Aunque en la playa fluvial de Asunción, cercana al centro de la ciudad, abundan los carteles que informan de que las aguas no son aptas para su uso recreativo, algunas personas se atrevieron a bañarse en dichas aguas este sábado, como cada fin de semana.

Desde esa playa también salen las motos de agua y embarcaciones de recreo que dan paseos, a cambio de unos guaraníes, por la bahía capitalina, aunque los avisos de las últimas semanas parecen haber hecho efecto y la mayor vigilancia de la playa, hicieron que se encontrase más vacía de lo habitual.

No obstante, a pocos kilómetros de allí, siguiendo el curso del río y de la avenida Costanera, se pueden encontrar familias enteras, y sobre todo jóvenes, que se bañan por “desconocimiento” o falta de “miedo” ante los peligros para la salud que conlleva el sumergirse en esas aguas.

En ese sentido, una asuncena que acudió a refrescarse a la zona con sus dos hijos menores de 10 años, aseguró a Efe no saber que el agua estaba contaminada, pero que “siempre nos bañamos acá y nunca pasó nada” y añadió que “el agua parece limpia”.

Un informe elaborado por el Ministerio de Salud hace un año advertía de que en algunas zonas de la bahía de Asunción (formada por un entrante del río Paraguay), se alcanzaban hasta 240.000 unidades de bacterias coliformes fecales por cada litro, cuando el límite de tolerancia del cuerpo humano, y el legal permitido es de 499 unidades.

No sólo se bañan, sino que también numerosos ciudadanos acuden a pescar en esas aguas, la mayoría de forma recreativa, aunque algunos confesaron que “comemos lo que pescamos”, especialmente el pez fluvial surubí.

Aunque varios de los pescadores afirman conocer que el agua está contaminada, no se resignan y aseguran que, una vez “cocinados”, “lo que tengan malo desaparece”, dijo uno de ellos.

El hombre explicó que viene “desde hace poco”, ya que “antes de la (construcción de la) Costanera no se podía acceder al lugar”.

El tramo de la avenida junto a la que él pescaba, a la altura del barrio de Tablada Nueva (a unos 6 kilómetros del centro, donde se encuentra la playa), se inauguró en julio de 2018.

El problema de la contaminación del agua no sólo afecta al río Paraguay a su paso por Asunción, sino que también está presente en otras zonas del país donde, en la época estival, se bañan numerosas personas, como el lago Ypacaraí, a unos 30 kilómetros de la capital.

Esta semana, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible intervino la playa municipal del municipio de Areguá, a orillas de ese lago, puesto que carecía de la licencia ambiental que autoriza su uso recreativo, así como de un sistema de medición de la calidad del agua y señalización sobre las zonas aptas y no aptas para el baño.

Además, días antes, la misma institución dio a conocer un estudio sobre recursos hídricos y vulnerabilidad climática que reveló que uno de los acuíferos que abastece de agua potable a Asunción y su área metropolitana, superaba el nivel máximo permitido para el consumo humano de presencia de nitritos en dichas aguas.

En concreto el nivel alcanzó los 45 miligramos de nitrito por litro en ese acuífero, denominado Patiño, que abarca unos 1.173 kilómetros cuadrados bajo el área metropolitana de la capital.

La contaminación de esas aguas, según el estudio, está provocada por los vertidos incontrolados de residuos en los numerosos arroyos que recorren la región, así como por las filtraciones cloacales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.