Sobre lo ocurrido en el Congreso, el Doctor Tomás Mateo Balmelli afirmó que es “imperdonable” y que debe primar el bien común sin importar de quién se trate. “Ese caso puede ser kerosene para el fuego”, advirtió y recomendó que todos los contactos que tuvo el caso guarden cuarentena supervisada al igual que los familiares.

“La eliminación viral puede sobrepasar los 14 días, después del hospital o aislado, no es que pasa los 14 días y se reintegran a la actividad social, van a su casa y hace cuarentena 14 días más y nuestros casos positivos están obligados a eso”, señaló.

El profesional recordó que el periodo de incubación del virus es de 2 a 14 días y puede transmitir en un periodo de la enfermedad y si es leve por siete u ocho días.

“Estamos a tiempo de evitar una batalla cuerpo a cuerpo con el COVID si entra esto será un desastre y no será ni como New York sí como Ecuador”, alertó.

Un punto importante para evitar el caos y colapso con el posible aumento de casos es no migrar al interior en Semana Santa.

“Nuestras autoridades tienen buena voluntad, son buenas personas pero son inútiles, es viernes, no esperen hasta el domingo para cerrar las rutas, sitiar Asunción y Central o sino todo el esfuerzo social, económico, familiar, psicológico es una joda”, sentenció y agregó que si se llega a instalar el virus serán cuatro semanas devastadoras para el sistema de salud y el país.

“Estamos a tiempo de evitar que esto se convierta en un caos”, puntualizó.

Incubación y cuarentena

Hasta 31 días después una persona con diagnóstico positivo puede seguir eliminando el virus y por ello, el aislamiento debe darse al menos por 23 días luego de haberse sometido a dos pruebas para COVID-19 y que estas sean negativas.

“El virus no respeta decreto ni ordenanzas y su manifestación en cada cuerpo es diferente y ante una misma enfermedad se responde en forma diferente”, explicó Balmelli sobre el proceso viral.

Recordó que en Corea se sigue un estricto control de cada paciente que al recibir el alta hospitalaria se le realiza la prueba y si sale negativo es trasladado a un hotel donde queda en cautiverio por siete días supervisado y aislado y a la segunda prueba va otros 14 días aislado a su casa y luego de eso se lo libera a la vida social, explicó en contacto con la 730 AM.

Y a nivel local si no existe la capacidad de hacer todo ese seguimiento se debe prolongar la cuarentena.

Lamentó que en el país todo se realiza tardíamente y con burocracia y que ni ahora ni en 10 años cree que se pueda tener capacidad de seguir ese proceso para dar de alta si se llegan a disparar los casos de coronavirus.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.