El incidente se registró ayer en horas de la mañana en la compañía Mariscal López’i del distrito de Yhú, departamento de Caaguazú.

Héctor Cristaldo, titular de la UGP, comentó a Radio Uno que la víctima fue un pequeño productor que se encontraba en compañía de su hijo y su hermano. Al momento del ataque, estaba dedicándose a labores relacionadas a la siembra de soja.

Según detalló, la máquina sembradora que utilizaba fue rociada con combustible por los atacantes, quienes posteriormente decidieron prenderle fuego hasta dejarla totalmente consumida por las llamas. De igual manera, derramaron el líquido inflamable sobre los afectados amenazándolos con quemarlos vivos.

A su criterio, esta radicalización es intolerable, por ello repudió enérgicamente el incidente. “No tiene justificación bajo ningún punto de vista la instalación de la violencia en el campo como herramienta de los politiqueros que quieren mantener controlado a ese segmento de la población”, afirmó.

Sobre este punto, sostuvo que existen sectores a los que no les gusta que el pequeño productor gane dinero con su trabajo y salga de la pobreza, pudiendo tener como trasfondo una cuestión que involucra a referentes políticos.

“Hay intendentes que están sacando ordenanzas que prohíben sembrar soja, otros que dicen que más de 10 hectáreas no se puede trabajar. Estamos en un disparate”, señaló Cristaldo a la 650 AM.

Asimismo, dijo que el pequeño productor está saliendo del atraso tecnológico y está asumiendo las nuevas tecnologías, pero existen grupos radicalizados que no quieren que ese proceso se termine de consolidar.

Cristaldo mencionó que en ciertos lugares se ha creado una especie de “guardia urbana” o “milicianos” que deciden quién trabaja y quién no, qué se puede sembrar y qué no, lo cual considera que “en un Estado de derecho es inadmisible”.

Finalmente, pidió que las instituciones del Estado hagan su trabajo y pongan las cosas en su lugar porque, caso contrario, “esto va a ser un carnaval de violencia incontrolable”. “¿Estamos esperando que muera más gente para poder reaccionar?, la gente necesita trabajar en paz, la gente del campo genera el dinero más limpio que entra en la economía paraguaya”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.