• POR JORGE TORRES ROMERO
• Periodista

Las facturas ficticias que men­ciona la acusación son las uti­lizadas por consultoras brasi­leñas (empresas de maletín), vinculadas a Odebrecht y que operaban con el Banco Pau­lista SA y que supuestamente asesoraban a la entidad banca­ria en la importación de divi­sas. La transferencia de dinero entre el Banco Paulista y estas consultoras ronda los US$ 15 millones.

El documento arrimado al Juzgado Federal de Curi­tiba por la fiscalía del vecino país cuenta con 60 fojas y en la misma aparecen acusados, con pedido de prisión preven­tiva, los ejecutivos Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tar­císio Rodrigues Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito, todos ellos vinculados al Banco Paulista SA e investigados en el ámbito de la denominada Ope­ración Lava Jato.

En el expediente figura ade­más un listado de empresas fantasmas que fueron creadas por los acusados para realizar las transferencias y pagos ile­gales en diferentes conceptos, desde paraísos fiscales.

Según el escrito, grandes empresas contratistas del Brasil, entre ellas OAS, UTC, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Enge­vix, SETAL, Galvão Engenha­ria, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK habrían formado un cartel a través del cual se distribuían las licita­ciones de la empresa estatal Petrobras para la contrata­ción de grandes obras públicas.

CÓMO OPERABA EL ESQUEMA

En la evolución de las investi­gaciones relacionadas al Grupo Odebrecht, en el ámbito de la Operación Lava Jato, fue reve­lada la existencia de un sector específico destinado a la reali­zación de pagos encubiertos y que fue denominado Sector de Operaciones Estructuradas. A través de dicha oficina, los eje­cutivos del Grupo Odebrecht, inclusive su presidente, efec­tuaban los pagos a los altos fun­cionarios y políticos involucra­dos en el esquema criminal.

Dicho sector de la empresa era dirigido por los ejecutivos Hil­berto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Fernando Migliac­cio da Silva y Luiz Eduardo da Rocha Soares, que contaban con el apoyo de terceros para la apertura y el movimiento de cuentas offshore en el exterior y para la realización de los pagos encubiertos a través de ellos.

En ninguna de estas operacio­nes efectuadas a través de ter­ceros aparece alguna vincula­ción, ya sea con el Banco Basa o cualquier otra entidad ban­caria de nuestro país.

Según los elementos de prueba reunidos, los recursos finan­cieros utilizados para estas operaciones eran recogidos primordialmente del mercado negro de cambios, por medio del cual se accedían a dólares que posteriormente ponían a disposición del Banco Pau­lista para que esta institución efectuase los pagos a los bene­ficiarios finales por medio de transferencias electrónicas en favor de empresas de fachada montadas por las personas que recibían el dinero de las coimas. Algunas de estas empresas fantasma se deno­minaban: BBF, JR GRACO, VVB, Lafrano, MIG, Crystal y Bilinski.

En síntesis, conforme se cons­tató en la investigación del Ministerio Público brasileño, el Banco Paulista habría sido utilizado por ejecutivos vincu­lados al Sector de Operaciones Estructuradas de la Odebre­cht y también por representan­tes de Meinl Bank en Antigua, para el lavado de activos de ori­gen ilícito.

JUSTIFICABAN PAGOS CON FACTURAS FRAUDULENTAS

A partir de las noticias divulga­das en los medios de prensa –refiere el escrito de los fiscales– se obtuvo la declaración de los ejecutivos del Grupo Odebre­cht, bajo la figura de la delación premiada, específicamente la de Fernando Migliaccio da Silva, quien declaró que se uti­lizaban contratos ficticios for­malizados entre su empresa, MIG Consultoría Económica, con el Banco Paulista, para dar sustento a las remesas realiza­das en contraprestación por la entrega de dinero.

Con esta evidencia, el Banco Central del Brasil procedió a la fiscalización de la actuación del Banco Paulista en el esquema, que luego de ser notificado pro­veyó las documentaciones en las que consta que MIG Con­sultoría Económica recibió pagos referidos a supuestas prestaciones de servicios por un monto de 7.998.045 reales y que igualmente otras seis empresas vinculadas a cola­boradores del Grupo Ode­brecht recibieron pagos en el mismo concepto por un total de 48.439.315,11 reales.

Agrega el escrito que el Banco Paulista justificó los pagos alegando que se trataban de remuneraciones por “importa­ción de moneda nacional”, que figuraban como una comisión sobre los valores importados.

Sin embargo, al ser requerido por las documentaciones que avalaban dichas operaciones, el Banco Paulista presentó notas fiscales electrónicas emitidas por las empresas de los colaboradores que fueron emitidas en forma consecu­tiva, lo que hace sospechar que eran de origen fraudulento.

A raíz de ello están procesa­dos los funcionarios del banco Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Vinicius Veiga Borin y Fernando Migliaccio da Silva, quienes tenían a su cargo las operaciones cambiarias del Banco Paulista.

Concluye el escrito de acu­sación que existen suficien­tes indicios de que el mismo esquema de celebración de contratos ficticios con empre­sas de fachada era utilizado para obtener dinero en efec­tivo que era utilizado entre el Banco Paulista y las siguientes empresas:

a) Poletti Joias Turismo e Transportadora Ltda

b) Qmk Marketing e Qualidade s/c ltda

c) Fer & Ros Consultoria fin. e apoio adm. ltda.

d) Dial Assessoria e Consulto­ria Empresarial ltda

e) Zera Promotora de Negó­cios ltda

f) S.G. Consultoria financeira ltda

g) Jehkf Consultoria e Parti­cipações Ltda

h) Sercor Consultoria Adm. e FinanceiraLtda

i) Coficam Assessoria de Comercio Exterior ltda

j) Cimo Consultoria e Asses­soria fin. e com. Exterior Ltda

El resumen de las operaciones entre el Banco Paulista y estas empresas de fachada, solo en el ejercicio 2017, arrojó una suma total de 286 millones de reales, según el requerimiento fiscal.

LA ESPECULACIÓN DE O GLOBO

El periodista Thiago Herdy, del periódico O Globo, accedió al documento del Ministerio Público del Brasil y al obser­var que los representantes del Banco Paulista, en su decla­ración, alegan que la transfe­rencia de US$ 15 millones a las empresas consultoras de male­tín, vinculadas a Odebrecht, fueron por asesorías para la “importación de divisas”, recu­rre al Banco Central de Bra­sil para obtener todo lo que el banco mencionado hizo en concepto de “importación de divisas”. Es aquí donde aparece que el Banco Paulista remesó entre el 2017 y el 2018, solo de Paraguay, unos US$ 1.700 millones y figura que el banco que más reales reexportó fue el Banco Basa, pero obvió mencionar a los otros bancos para­guayos que también operan en este rubro de manera legal con las autorizaciones correspon­dientes.

Los tres bancos paraguayos habilitados y controlados por el BCP y el Banco Central del Brasil reexportaron reales al Brasil entre el 2017 y el 2018 cerca de US$ 3 mil millones, cifra que llamó la atención del periodista de O Globo. Esta cantidad de dinero es lo que dejaron cerca de 16 millones de brasileños, que pasaron por las ciudades fronterizas a rea­lizar sus compras.

Los brasileños compran en reales y los comercios para­guayos deben pagar a sus pro­veedores en dólares. Por eso trabajan con bancos paragua­yos para realizar la operación cambiaria y pagar a sus pro­veedores. Estas operaciones, es decir, los depósitos de los comercios paraguayos, tienen una trazabilidad, y están ava­ladas por facturas de compra y venta que permanentemente son controladas por siete orga­nismos para la reexportación de reales.

EL PAULISTA TAMBIÉN OPERA CON BANCO ATLAS

El superintendente de bancos, Hernán Colmán, aseguró que el Banco Paulista (entidad que está siendo investigada por el caso Lava Jato) aparte de ope­rar con el Banco Basa, tam­bién realiza transacciones con otras entidades paraguayas como el Banco Atlas.

“Tenemos al Banco Basa, Atlas; en algún momento también el Banco Continen­tal operó con ellos; y también hay otros bancos como Ren­dimiento, Banco Do Suceso, Banco Continental de Bra­sil que decidieron, en algún momento, satisfacer esa nece­sidad de remesar reales al Brasil, como también lo hacen en euros hacia Europa o en dólares hacia Estados Unidos”, manifestó el titular del orga­nismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP).

Remarcó que las estadísticas económicas demuestran que el régimen de turismo mueve entre los US$ 3.000 a 3.500 millones por año. “En remesas físicas de reales hay como el equivalente a 2.500 a 3.000 millones de dólares en algu­nos años.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.

📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN

— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”