El presidente Mario Abdo Benítez encabezó esa ceremonia en el Palacio de Gobierno, acompañado del vicepresidente, Hugo Velázquez, y de varios ministros.

El acto, en los jardines del Palacio, consistió en la escucha del himno nacional y un saludo militar con cañonazos desde una embarcación de la Armada fondeada en la cercana bahía de la ciudad.

Y es que las restricciones sanitarias que rigen a causa del coronavirus SARS-CoV-2, que en Paraguay ha dejado once muertos y más de 700 infectados, marcaron el recordatorio de la sublevación que hace 209 años declaró la independencia de la Corona española sin derramamiento de sangre.

Así, la jornada transcurrió sin el tradicional desfile militar y sin los actos culturales y de ocio que cada año reúnen a miles de personas en el centro de Asunción.

Tampoco fue una excepción el tedéum en la Catedral, que este año se celebró a puerta cerrada y sin la asistencia de las máximas autoridades del país sudamericano, incluido el presidente, como es tradición.

Se mantienen además los controles en las rutas dentro de las restricciones a la circulación, salvo casos justificados, ante el largo puente hasta el domingo.

La conmemoración por la independencia, se dio en el ecuador de la primera fase del retorno gradual de actividades de su sistema productivo, tras lograr bajos niveles de contagio de COVID-19 en dos meses de aislamiento social.

Esta fase, que se prolongará hasta el 25 de mayo, supone una reactivación del 58 % de la fuerza productiva, según las estimaciones del Gobierno.

La fase 2 implica la liberación progresiva y controlada de actividades de tiendas comerciales, de hasta 800 metros cuadrados, y la reanudación de eventos deportivos y culturales, pero sin espectadores.

PREOCUPACIÓN ANTE SITUACIÓN EN BRASIL

En líneas generales, el Gobierno ha expresado su satisfacción por el acatamiento de la ciudadanía a estos dos meses de cuarentena, que se fue flexibilizando desde la inicial restricción a la circulación de personas y vehículos.

El Ejecutivo de Abdo Benítez reiteró que la estrategia pasaba por mantener a toda costa esas restricciones para evitar una diseminación a gran escala del coronavirus que sería insostenible para el precario sistema de salud pública.

Con uno de los registros de infecciones más bajos de la región, la preocupación del Gobierno radica en el vecino Brasil, con el que Paraguay comparte 700 kilómetros de frontera que se mantienen cerrados desde mediados de marzo.

Abdo Benítez declaró este miércoles que no están dadas las condiciones para la apertura de esos pasos fronterizos ante la alta circulación del cornavirus y el elevado número de casos en Brasil.

No obstante, el Gobierno autorizó la entrada de paraguayos que regresaron de Brasil tras haber perdido sus trabajos.

La mayoría de estos expatriados han sido alojados en albergues habilitados por el Gobierno para que cumplan la correspondiente cuarentena.

En esos albergues es donde el Gobierno está realizando los test del coronavirus, con una mayoría de casos producidos por el contacto con el exterior.

Paraguay ha repatriado a 3.170 paraguayos desde el cierre de fronteras, de los que en la actualidad 1.895 permanecen en 47 albergues ubicados en todo el país cumpliendo la cuarentena.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.