El fiscal Rogelio Ortúzar, quien está asignado al sector 1 del Ministerio Público, emitió una circular mediante la cual informó que “queda prohibido el acceso a esta sede fiscal a todas las personas y/o profesionales abogados, excepto que presenten algún documento citatorio para la fecha, esto debido a la huelga general del Ministerio Público”.

En su escrito manifiesta que se vio forzado a tomar dicha decisión, a la cual calificó de poco grata, a causa del veto presidencial a la ampliación presupuestaria para los funcionarios de la institución.

En charla con el programa Justicia al Día (Radio Uno), el representante del Ministerio Público indicó que siguen trabajando a puertas cerradas y que se restringe el ingreso a la unidad fiscal. Se permitirá entrar solo a los profesionales con citatorio.

Ejemplificó que en lo que va del año, en su unidad ingresaron más de 4.100 causas. En el 2017 y 2018, tan solo por violencia familiar se registraron 1.095 causas, pero en contrapartida solo cuenta con un psicólogo, quien ya posee citas fijadas hasta abril del próximo año.

Otúzar lamentó que se diga que solo trabajen seis horas, siendo que son más horas de labor al día.

“Cuál es la respuesta que le podemos dar a la sociedad, si nos cortan el presupuesto para hacer nuestro trabajo. Cuando las papas queman, los únicos que están, son los funcionarios de la Fiscalía, pero cuando se trata de reivindicar los derechos, ahí no se acuerdan de la Fiscalía”, cuestionó.

“Esta no es una medida de presión, porque el veto ya está hecho”, dijo. No obstante, advirtió que “esta es la primera medida, porque pueden haber peores”.

En su cuenta de Twitter, el fiscal también se descargó: “Por fin nos estamos sacando las caretas, por un lado los que defendemos las institucionalidad del MP para la lucha contra la criminalidad y por otro los que pretenden el debilitamiento para defender intereses oscuros bajo pretextos sofistas invocando la ley que no les interesa”.

“No voy a retroceder ni un milímetro en la lucha de los que trabajan abnegadamente sin horarios, feriados ni fines de semana, en defensa de aquellos que reclaman justicia verdadera victimas de delitos y personas vulnerables. #porfinnossacamoslascaretas”, esgrimió el funcionario público.

ABOGADOS NO ACOMPAÑAN

Para el titular del Colegio de Abogados del Paraguay, la medida impuesta por el fiscal Ortuzar se constituye en un acto arbitrario e ilegal. “Flaco favor le hace a la causa de la Fiscalía General. La doctora Sandra Quiñónez, como cabeza del Ministerio Público, debe tomar – inmediatamente – las medidas correctivas del caso”, dijo a través de sus redes sociales.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El Código del Trabajo establece que está prohibido disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo, suspender la ejecución del mismo permaneciendo en su puesto o incitar a su suspensión arbitraria, siempre que ésta no se deba a huelga declarada, en cuyo caso deberán abandonar el lugar del trabajo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.