La concejala Rossana Rolón (ANR) dijo a la 650 AM que toda la ciudadanía está invitada a las 14:00 a la audiencia pública para debatir y analizar la licitación del sistema de gestión tributaria y catastral de la Municipalidad de Asunción que pretende dar a una empresa privada facultades que son indelegables de la Comuna, según la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal.

Dijo que la audiencia pública fue posible solo gracias a los concejales de la bancada colorada y del Partido de la Juventud ya que los ediles de la multibancada, que responden a Mario Ferreiro, se negaron a que se lleve a cabo la reunión aclaratoria. En la sesión del pasado miércoles 25 de enero, el concejal Rodrigo Buongermini (concertación Juntos Podemos) había dicho que el proceso se llevará tal y cual está sin que importen las manifestaciones en contra del proceso.

“El Ejecutivo (municipal) se tiene que dar cuenta y retirar el mensaje. Si fue mandado por Mario (Ferreiro) se puede retirar antes de que se abran los sobres”, dijo la concejala quien agradeció al sindicato Simuca por haberle abierto los ojos para entender lo que la Intendencia pretende hacer.

Se mostró en contra de la intención de dar a una empresa privada la recaudación de los tributos y señaló que lo mejor será hacer una reingeniería de Recursos Humanos en la Municipalidad para que sean los propios funcionarios los que mejoren el sistema.

Sostuvo que la licitación está llena de errores e irregularidades ya que no se explica cómo se preservará la seguridad jurídica de la ciudadanía y cómo se le garantizará su inmueble.

EL PROCESO

El 7 de marzo se hará la apertura de sobres de la licitación del servicio de gestión tributaria y actualización catastral de la Municipalidad de Asunción que tiene como objetivo mejorar los ingresos de la administración. La empresa que resulte adjudicada llevará un porcentaje (de entre 5% y 35%) en base al aumento de la recaudación, teniendo en cuenta lo que ingresó a la Comuna en el ejercicio anterior.

Por ejemplo, si la Municipalidad recauda en el 2017 unos US$ 130 millones y en el 2018 US$ 150 millones, la empresa se llevará entre el 5% y el 35% -dependiendo del porcentaje que ofrezca la ganadora- de la mejora en los ingresos. La ganancia de la empresa está supeditada al aumento anual de los ingresos ya que, si no se logra superar la meta, la empresa no cobra.

Por otro lado, la licitación incluye una actualización del sistema catastral de la Municipalidad. Para ello, se usarán drones que sobrevolarán los barrios.

La principal oposición al proyecto surge desde el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Simuca) ya que los demás gremios firmaron un acuerdo con la Intendencia en el que, supuestamente, acordaron que ningún funcionario será despedido.

En la Junta Municipal solo están en contra de la concesión los ediles Rossana Rolón y Orlando Fiorotto, ambos de la ANR, ya que el resto de la bancada colorada y los concejales que responden a Mario Ferreiro o están de acuerdo o no oponen resistencia al proyecto. Teniendo en cuenta este apoyo, no habría mayores dificultades para que el proceso avance, tal y cual está, como lo sostuvo Buongermini.

Los argumentos de oposición son varios pero principalmente se basan en que la Municipalidad de Asunción no puede delegar el cobro de impuestos a una empresa privada porque es una facultad exclusiva de las comunas. Por otro lado, hablan de que están en riesgo unos mil trabajadores de distintas dependencias.

En cuanto a la ciudadanía, ya hay cierta oposición a los sobrevuelos con drones que se realizarán para tomar fotografías de las viviendas y existe temor ante la posibilidad de que las viviendas de los contribuyentes morosos vayan rápidamente a remate solo para aumentar la recaudación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.