El diputado colorado Ulises Quintana recuperó ayer lunes su libertad tras 10 meses en el penal de Viñas Cué, pese a que la Fiscalía advierte que estando afuera podrá entorpecer la investigación que se lleva en su contra por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas, asociación criminal y tráfico de influencias.

El canal Telefuturo reveló un audio, que data del año pasado y donde se escucha al supuesto narco Cucho Cabaña hablar con su abogado Santiago Cano sobre la forma en que actuarán para destrabar su caso, involucrando a Quintana, el exministro Oscar Bajac, Olimpo Rojas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el diputado Romero Roa.

ANTECEDENTES DE JUEZA

Por otra parte, la periodista Claudia Aguilera (Unicanal) expuso que la jueza Magdalena Narváez, quien otorgó la libertad ambulatoria a Ulises Quintana, había sido denunciada ante el JEM por haber liberado a dos hombres hallados en flagrancia con una carga de cocaína en el 2017 y llevados a juicio al año posterior.

Vale recordar además que el padre de Ulises, exjuez Cleto Quintana, fue echado en su momento por el Jurado de Enjuiciamiento tras la presunta liberación de personas vinculadas al narcotráfico.

IRREGULARIDADES EN LIBERACIÓN DE ULISES

La Fiscalía denunció que la Justicia haya aceptado como garantía 18 inmuebles de Quintana que “no tiene la capacidad de disponer”, ya que han sido embargados todos sus bienes y cuentas bancarias por el juzgado.

Asimismo, señaló que se la otorgó al diputado un plazo de 15 días para presentar las condiciones de los inmuebles, a pesar de que es un requisito que ya debía haberse solicitado a la defensa del acusado como parte el proceso judicial.

Finalmente, alegó que la escritura de los bienes ofrecidos es “objeto de una investigación”, por lo que el inmueble “no puede ser presentado como fianza real”.

“Por todas estas situaciones, para la Unidad Fiscal resulta más que llamativa la determinación realizada por el Juzgado”, concluye el comunicado.

Quintana quedó este lunes en libertad, después de que la jueza determinara que no existe riesgo de fuga.

LA PRUEBA CONTRA QUINTANA

La fiscala Lorena Ledesma imputó al parlamentario por haber intercedido por el secretario del presunto narco Cucho, quien había sido retenido en una barrera policial con miles de dólares en su poder. Existen audios que lo comprometen en esta mediación con los agentes policiales.

El hombre se trataba Diego Miguel Medina Otazú, hijo de la concejal Marciana Mabel Otazú y hermano de Azucena Medina, supuesta pareja sentimental de Cabaña.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.