Terroríficas revelacio­nes provenientes de narcoaudios filtrados de informes de inteligencia a La Nación Investiga indi­can una podredumbre en la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad), imposible de seguir tapando. Cuando con la serie de grabaciones divul­gadas en estos días pudimos haber pensado que ya escu­chamos todo, principalmente con el explosivo audio sobre un “jefe de apellido Amari­lla” que supuestamente pidió US$ 50 mil para no afectar el negocio de las drogas de un objetivo, resulta que corrup­tos agentes se encargaban de contar a los narcotrafican­tes quiénes eran los infor­mantes que pasaban datos de ellos.

En el marco de la operación Chase, la Unidad de Inteli­gencia Sensible (SIU) de la Senad interceptó comuni­caciones de supuestos ele­mentos pertenecientes a la organización que, según los antidrogas, dirigía el ex militar Jorge Daniel Zorri­lla Vera. Este presunto capo narco fue capturado tras una serie de allanamientos realizados el 1 de agosto del 2018 en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.

En grabación de llamada se puede escuchar cómo los narcotraficantes estaban al tanto de investigaciones, de quiénes eran los informan­tes e incluso hablan de una venganza. Sobre quién fue el que dio la información, men­ciona que supuestamente un jefe de la misma secretaría delató al informante.

El primer hombre (H1) que habla en la comunicación interceptada le informa al segundo hombre (H2) lo siguiente: “Vi que el muchacho que es el secre­tario de Dani estuvo por tu casa, y ese muchacho no es de confianza, ese es el que da la pista de acá de nues­tro tema”.

Seguidamente, le informa que la noche anterior habló con el jefe y le contó todo. Cuando H2 le consulta con quién de los jefes habló, el H1 le responde: “El que está frente al hospital, porque él se interiorizó de todo”.

Es importante señalar que hasta hace pocos meses la sede de la Oficina Regio­nal de la Senad en Salto del Guairá se encontraba frente al hospital regional de la ciu­dad. En aquellos tiempos el jefe de dicha unidad era el agente especial Abelino Val­dez Ruiz, uno de los “magos” de las finanzas de la Senad, hombre de confianza de la ministra antidrogas, Zully Rolón, que se desempeñaba como director de Operacio­nes, pero renunció al cargo tras el destape de audios guardados y los millones amasados con modestos ingresos.

Los presuntos narcotrafi­cantes recibieron detalle por detalle lo que el infor­mante dijo e hizo, según se revelan en las escuchas, por lo que preocupa cómo algu­nos agentes corruptos que tienen acceso a información clasificada y ultrasensible pueden arriesgar la seguri­dad o por qué no decir la vida misma de la ciudadanía.

“Había sido le alzaron a este informante y fue a mostrarle a ellos”, se lo escucha decir a H1. Seguidamente H1 agrega: “Tu depósito fue el que les mostró”, mencionó.

Pero no todo acabó allí, por­que H1 también supo que iban a allanar el depósito, pero no lo hicieron porque el dato se filtró y porque tam­bién no todos los datos que manejaron eran certeros.

En la conversación llegan a la conclusión de que los anti­drogas usaron al “secretario de Dani” porque supuesta­mente ya lo habían detenido, pero luego lo volvieron a dejar en libertad. Pero ya molesto por la situación, H2 remarca que hay que tomar cartas en el asunto.

“Por algo nomás luego le vol­vieron a dejar en libertad a este muchacho, porque a él ya lo habían detenido pero después lo soltaron nomás otra vez, y el lunes se quedó por (zona inaudible) a hacer su tema, pero le vamos a solucionar su problema a este hijo de puta”, se escu­cha en la conversación de los supuestos narcos, audio que se reprodujo durante el proceso judicial del opera­tivo Chase.

Como afirmando, H1 le men­ciona que ahora ya saben todo lo que está ocurriendo, a lo que H2 le añade: “Estas cosas no tenemos que dejar pasar”, sobre cómo personas filtran movimientos de su organización a la Senad. Por último, le dice que “con tran­quilidad nomás hay que hacer las cosas”.

De esta forma se denota que agentes especiales corruptos ponían en riesgo la seguridad ciudadana porque delatar a un informante del crimen organi­zado podría representar hasta una amenaza contra su vida.

Un elemento importante para señalar es que justamente H1 y H2 son las personas que fueron grabadas por la Uni­dad de Inteligencia Sensible de la Senad hablando de un pedido de coima de US$ 50 mil por parte del “jefe de ape­llido Amarilla”. Durante el juicio oral y público, el ana­lista Felipe Jara declaró ante el Tribunal de Sentencia que esta situación de pedido de coima y todos los detalles lo informó al ex jefe de SIU/Senad Cristian Amarilla.

En la llamada se habla de cómo jefes antidrogas apre­taban a los narcos por mon­tos importantes, el analista indicó que terminaron por no darle el seguimiento y la importancia al asunto.

“En el momento resulta de alta importancia. A medida que van entrando más audios o no se puede confirmar lo que está expreso en ese audio, la importancia va bajando (…), no se le puede dar continui­dad porque seguidamente no aportan más datos del hecho”, dijo Jara ante el Tribunal.

Luego de los allanamientos del 1 de agosto, el entonces ministro Hugo Vera ordenó el desmantelamiento de la base de la Senad en Salto del Guairá y ordenó el sumario de Abe­lino Valdez y todo su equipo, pero cuando Arnaldo Giuzzio llegó a la secretaría, las inves­tigaciones no avanzaron y los sospechosos fueron ascendidos a puestos clave.

Chamorro y Valdez, los compadres agentes especiales “magos de las finanzas”

El agente de SIU Carlos Chamorro Portillo, que incrementó 700% su patrimonio, declaró la guerra “política, social y laboral” en Senad. Su amigo Abelino Valdez puso su cargo a disposición.

La investigación que dio ini­cio al destape de la serie de irregularidades dentro de la Senad comenzó con el caso de Carlos Chamorro Portillo, el agente “mago de las finan­zas” que hasta hace poco prestaba servicios en la Uni­dad de Inteligencia Sensible (SIU) al igual que su esposa, Natalia Berenicce Bareiro. La pareja incrementó 700% su patrimonio comparado con los consignados en sus pri­meras declaraciones jura­das de bienes y rentas. Este ascenso que experimenta­ron de manera veloz fue en los últimos 4 años.

En un chat filtrado, Cha­morro, en tono desafiante, declaraba una guerra “polí­tica, social y laboral” al inte­rior de la secretaría y también revelaba que sus superiores estaban al tanto de la Toyota Hilux 2023 que compró.

Comentó que el “líder” del SIU Daniel Fernández sabía de su objetivo de adquirir un vehículo de US$ 65 mil, pero este solo le recomendó no realizar la compra porque podría generar un “terre­moto” e hizo la vista gorda a la idea de que un agente que hasta julio del 2022 percibía un salario que no llegaba a los G. 7 millones realice una millonaria transacción.

Chamorro fue reacomodado por la ministra Zully Rolón, y ahora pasó a ser la mano dere­cha del viceministro Esteban Caselli.

En tanto que su amigo íntimo Abelino Valdez Ruiz pasó de declarar G. 7 millones en bienes a manifestar gran­des inmuebles y ofrecer fies­tas lujosas como el quince años de su hija, que realizó en Las Takuaras en medio de la fuerte crisis económica generada por la pandemia del covid-19. Tuvo un incremento patrimonial de 10.769%.

Por último, uno de los datos importantes sobre Valdez es que declara propiedades por precios que están subvalora­dos como terrenos adquiri­dos en Minga Guazú por G. 5 millones, o como el caso de un terreno en Capiatá que Cha­morro en diciembre del 2015 juró ser propietario y declaró por un valor de G. 40 millones, pero en agosto pasado Valdez también consignó el mismo terreno como de su propie­dad, pero señala que adqui­rió por G. 8 millones. La Con­traloría ordenó un examen de correspondencia para ambos.

No incluyó audio que comprometía al amigo

La analista de SIU Berenicce Bareiro no registró en su informe final de la operación Aguará que narcos iban a montar una fábrica por pedido de la Oficina de la Senad en Salto, donde prestaba servicio Abelino Valdez, amigo de su esposo Carlos Chamorro.

Entre el 2020 y el 2021 se desarrolló el juicio oral y público de la operación Aguará – Chase, que desar­ticuló la organización narco que presuntamente lideraba Jorge Zorrilla, se evidenció que dos secuencias que com­prometían a agentes antidro­gas de la Oficina Regional de Salto del Guairá no estaban en el disco de informe final que realizó la analista de las escuchas Natalia Berenicce Bareiro.

Cuando abogados de la defensa solicitaron la repro­ducción de las secuencias 1008077620 y 1008079010, la mujer dijo que no estaba en el disco del reporte con­clusivo remitido, primero a su entonces jefe de SIU Cris­tian Amarilla, y luego a los órganos jurisdiccionales.

En uno de los narcoaudios del caso Aguará, a los que tuvo acceso La Nación Investiga, se escucha a uno de los inter­locutores decir que los de la Senad pidieron intervenir una “fabrica’i abandonada” que sería armada por los trafi­cantes en una colonia indígena.

Llamativamente, en esos meses el jefe de la Oficina Regional de Salto del Guairá que se iba a lucir con la incau­tación era el agente espe­cial Abelino Valdez Ruiz, amigo íntimo de Chamorro y Bareiro.

El 1 de agosto del 2018 se detuvo a los miembros del cartel de Zorrilla, e inmedia­tamente el ex ministro Hugo Vera desmanteló la oficina de Salto del Guairá y ordenó el sumario de Valdez y todos sus subalternos por denuncias de presunto cobro de coimas.

Sin embargo, ya con Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad (asumió como ministro el 15 de agosto del 2018) no profun­dizó la investigación sobre las sospechas que se tenían hacia agentes especiales de la Oficina Regional de Salto del Guairá, que en escuchas telefónicas fueron sindica­dos de diseñar una opera­ción falsa-positiva en con­tubernio con miembros del crimen organizado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.