Mediante un comunicado, el Ministerio Público indicó que se tuvo conocimiento que, en el marco de una declaración testimonial, en una causa abierta, se habrían vulnerado derechos constitucionales como la libertad de expresión y de prensa, y otros derechos protegidos por la Constitución Nacional.

La diligencia mencionada hace referencia a la causa penal abierta bajo la carátula “Raúl Fernández Lippmann y otros, sobre tráfico de influencias”, investigada por las fiscales Claudia Morys y Josefina Aghemo.

Dichos agentes citaron a la periodista de ABC Color Mabel Rehnfeldt, quien mencionó a la prensa que durante la declaración testifical que prestó en la Unidad de Delitos Económicos sobre los audios filtrados le pidieron que detalle quiénes le entregaron los materiales.

La comunicadora sostuvo que la Fiscalía y los abogados de los involucrados directos por el escándalo pensaron que tenía más audios, y además dijo a radio 1000 AM que en su momento hasta hubo riesgo de allanamiento para acceder a los audios en bruto.

Al respecto, la Fiscalía General expresó, mediante el escrito divulgado, que las actuaciones de los agentes fiscales están dotadas de autonomía en el marco de las investigaciones en el ejercicio de la representación de la ciudadanía ante los órganos jurisdiccionales, pero debiendo ajustar siempre sus actuaciones en el marco de los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna.

Es así que la institución aseguró que reconoce la Libertad de expresión como un derecho de carácter institucional, que constituye un pilar importante de la democracia y la libertad de prensa es uno de los instrumentos o canales para el ejercicio de la libertad de expresión y se reconoce como un derecho humano fundamental.

En ese sentido, la Fiscalía General informó que solicitó informes detallados a las agentes fiscales intervinientes, a fin de que se remita a la unidad de Control de Gestión para su análisis y evaluación.

“La ciudadanía puede tener la seguridad que la Fiscalía General seguirá bregando por instalar los procesos que sean necesarios, a fin de reencauzar la institucionalidad y devolver al Ministerio Público la esencia de su misión principal”, afirmó.

En la causa se encuentran imputados Raúl Fernández Lippmann, exsecretario del exsenador Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Carmelo Caballero y Rubén Silva.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.