Un nuevo elemento se suma al rosario de irregularidades relacionadas con las licita­ciones durante la adminis­tración del ex intendente Miguel Prieto en Ciudad del Este. Esta vez, unos audios filtrados revelaron la forma en la que se adjudi­caron obras en la capital de Alto Paraná. El candidato que va por su reelección no sale de las denuncias de corrupción que al parecer toman fuerza considerando su escasa convocatoria en la marcha que organizó ayer, como una estrategia de evitar las auditorías de la Contraloría General de la República.

La costanera Ñande Renda, ubicada en el Km 8 en el lago Acaray, es una de las obras de las que Prieto hace mención cuando habla de los tantos logros y progre­sos conseguidos durante su gestión; sin embargo, su construcción estuvo envuelta en un esquema de coimas y de reparto en la licitación, según se pudo ver anoche en “Tierra de Nadie”, por el canal GEN.

En diciembre del 2019 la Municipalidad de Ciudad del Este firmó un contrato por G. 11.524.728.822 con el consorcio Ñande Y Poti de Enrique Vázquez para la construcción de la cos­tanera Ñande Renda.

La adjudicación desde el inicio llamó la atención, dado que la oferta presen­tada por Ñande Y Poti no era una de las más bajas; sin embargo, pudo alzarse con el millonario contrato. Más tarde, los audios revelaron el mecanismo en el que se cocinó esta licitación.

Los audios son contunden­tes, en uno de ellos, Váz­quez cuenta que Pedro Acuña, hombre de con­fianza de Miguel Prieto y actual candidato a conce­jal, y Víctor Lugo, también candidato a concejal, pero de Minga Guazú, al que Vázquez identifica como un vendedor de celulares, fueron el nexo entre el con­sorcio y la municipalidad.

EL CIRCUITO

Según las conversacio­nes filtradas, el negocio se armaba de esta forma, la municipalidad adjudica­ría esta licitación a favor de Ñande Y Poti a cambio de que Vázquez entregue millonarias “propinas”, las que fueron recibidas por Pedro Acuña, de acuerdo a las mismas conversaciones filtradas.

Una de las primeras coimas fue de G. 650 millones y se indica que fue abonada en febrero del 2020. Váz­quez relata en otra de las conversaciones que recién una vez que se entregó este dinero, la municipalidad le desembolsó el anticipo que estaba estipulado en el contrato, y el que dilataron por dos meses. A partir de ese primer pago la muni­cipalidad puso todo a dis­posición del empresario, sin controles ni nada de sus trabajos.

Parte del dinero de esta primera coima fue traída desde Encarnación en una madrugada. En los audios, el empresario cuenta que Hugo Benítez, actual inten­dente de Ciudad del Este, pero que en ese momento era concejal, en compañía de Acuña y Lugo lo llevaron hasta la capital de Itapúa a traer los G. 200 millones que faltaban para comple­tar la primera cuota, dado que los concejales “necesi­taban” ese dinero.

“El que manejaba la torta era Víctor y Pedro Acuña, él (Hugo Benítez) me acom­pañó a buscar la plata nomás”, cuenta Vázquez, quien agregó que fueron en busca del dinero en la camio­neta de Benítez.

En total se pagaron G. 1.550 millones en concepto de coi­mas, según lo que detalló el empresario en las conversa­ciones filtradas. También afirmó que la obra de la cos­tanera ni siquiera fue fisca­lizada por profesionales de la municipalidad.

De esta forma, los hombres de confianza de Prieto eran quienes aparentemente decidían a quiénes se le entregarían las licitaciones, manteniendo el esquema de repartija que fue insta­lado por los zacariistas en la comuna.

Prieto ignora todas estas denuncias y las reduce a una “persecución política” sin explicar o desmentir lo revelado en los audios, todo esto mientras puja por la reelección y su entorno mimado por un lugar en la concejalía.­

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.