De acuerdo con el informe, entre los casos que podrían tener relevancia penal se citan específicamente tres: el acuerdo transaccional sobre la Licitación Pública Nacional n.°10/13 “Adquisi­ción de tanques subterráneos de combustibles”; el contrato n.°1544/21 Concret-Mix “Servicio de construcción de la sala de inducción y man­tenimiento de obras civiles en la Planta de Villa Elisa”; y el contrato n.°52/22 Alfa & Omega “Construcción de calle corta fuego”.

En julio de 2013, Petropar adjudicó a la empresa Engi­neering SA por G. 7.252 millones (equivalentes a 140 tanques de combustibles), y entregó un anticipo de G. 2.900 millones. En contra­partida, la firma proveyó tanques por valor de G. 831 millones (equivalentes a 21 tanques), quedando un rema­nente a favor de Petropar de unos G. 2.069 millones.

En setiembre de ese año, en plena ejecución del contrato, Contrataciones Públicas hizo lugar a la protesta promovida por la firma Cabipal Metal­mek SA y anuló la adjudica­ción a Engineering SA y, por ende, el contrato firmado con Petropar quedó sin efecto, debiendo procederse a la res­titución del anticipo entre­gado. Sin embargo, la firma Engineering se negó a devol­ver el saldo del anticipo recla­mado por Petropar, por lo que en marzo de 2014 la estatal exigió a la firma Aseguradora el Comercio Paraguayo SA la ejecución de la póliza.

Por su parte, Engineering demandó por daños y perjui­cios a Petropar y por sentencia del 9 de mayo de 2019, la Jus­ticia hizo lugar a la demanda que condenó a Petropar al pago de unos G. 3.144 millones, más los intereses por el 97,5 % de la demanda (otros G. 3.066 millo­nes), con lo que totaliza la suma de G. 6.210 millones. De esta forma, el perjuicio total ocasio­nado asciende a aproximada­mente a G. 9.110 millones (unos USD 1.239.455 al tipo de cam­bio actual).

En noviembre de 2021, Petro­par adjudicó a la empresa Concret Mix por G. 10.000 millones para una sala de inducción y mantenimiento de obras civiles en planta de Villa Elisa. El contrato tuvo una ejecución del 91 % por un valor de 9.066 millones, quedando un saldo de G. 933 millones.

Mediante la auditoría se pudieron hacer varias obser­vaciones en la ejecución de este contrato, como por ejem­plo, que el proyecto contem­plaba la reforma edilicia en Villa Elisa, pero según fotos anexadas al legado de los trabajos hechos en realidad corresponden a las obras rea­lizadas en la Expo Mariano Roque Alonso en 2022 por valor de G. 209 millones. También para sustentar la ejecución de los trabajos, se incluyeron obras que no correspondían a Villa Elisa, como el paisajismo hecho en una estación de servicio de Salto del Guairá (por G. 35 millones), un baño de una gasolinera en San Juan Bau­tista (por G. 176 millones), una reparación de un piso en otra estación de servicio (por G. 20 millones), y una obra en la Asociación de Emplea­dos de Petropar (por G. 1.402 millones).

Así también, conforme al escrito, se hicieron pagos duplicados de un mismo certificado de obra, pero con diferentes números (por G. 65 millones), y se duplicaron órdenes de pagos millona­rios en el sistema de Petro­par sobre los ítems que ya habían sido pagados con anterioridad, por lo que existía el riesgo de un doble desembolso y por ello se solicitó ahora la anulación. Además, se calcularon mal las multas por retrasos del proveedor (dejando de per­cibir G. 85 millones). Se hallaron legajos sin orden de trabajo y otras despro­lijidades administrativas, por lo que la auditoría reco­mendó recertificar los tra­bajos y que Asesoría Jurí­dica evalúe el caso.

En noviembre de 2021, Petro­par adjudicó por G. 12.348 millones a la empresa Alfa y Omega para la construc­ción de una calle corta fuego, cuya entrega inicial estaba prevista para junio de 2023, pero fue prorrogada a agosto de este año.

Por esta obra ya se pagó G. 11.268 millones y como la empresa solicitaba otro pago de G. 1.338 millones, la nueva administración de Petropar contrató un perito informá­tico para verificar los traba­jos hechos, arrojando como resultado la falta de interven­ción de 950 metros lineales, y la existencia de terminacio­nes pendientes de las obras ejecutadas. En julio pasado, Contrataciones Públicas ini­ció la revisión del contrato y realizó la medición in situ de los trabajos, cuyo informe aún no fue dado a conocer.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.