El viceministro de Trabajo, César Segovia, en contacto con la 970 AM habló sobre el reajuste del salario mínimo que se tiene previsto para este año.

Al respecto, confirmó que la semana pasada se reunió el Consejo Nacional de Salarios Mínimos para analizar la propuesta y elevó una nota al Banco Central del Paraguay (BCP) solicitando un informe sobre la inflación acumulada desde noviembre del año pasado hasta mayo de este año.

Una vez que se cuente con dicha información, el Consejo de Salarios volverá a reunirse y, tras analizar los datos proveídos por el BCP, elevarán una propuesta de aumento del salario mínimo al Poder Ejecutivo.

Segovia indicó que antes de que finalice el mes de junio el presidente Cartes deberá promulgar un decreto donde se establecerán los nuevos valores del salario mínimo legal. Su entrada en vigencia sería el 1 de julio.

“Este salario mínimo es para el sector privado, el sector público tiene otro marco legal tanto en la Ley de la Función Pública y la Ley de Presupuesto”, explicó el viceministro a la 970 AM. Asimismo, aprovechó para aclarar que la modificación afecta sólo a aquellos que ganan el salario mínimo, ya que no es un aumento generalizado para todos los trabajadores.

También mencionó que esta modificación se debe considerar más bien como un reajuste salarial y no precisamente un aumento, teniendo en cuenta los porcentajes de la inflación que se fueron acumulando en los meses anteriores y en base a la experiencia de los reajustes que se habían dado en el transcurso de los últimos años.

Segovia estimó que la variación de este año será mucho menor a la que se tuvo anteriormente, ya que la inflación rondaría entre el 3 y 4%.

Según datos que maneja el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) alrededor de 400.000 personas perciben actualmente el salario mínimo en nuestro país.

El presidente Horacio Cartes promulgó en noviembre del año pasado la ley que establece el estudio automático cada mes de junio del salario mínimo legal vigente en el Paraguay, de modo a reajustarlo dependiendo del incremento de la inflación. El último reajuste fue del 7,7 %, estableciéndose un monto de Gs. 1.964.507.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.