El abogado Óscar Tuma indicó al canal GEN que el jueves su clienta Fátima Saucedo se presentará en la EBY para hacer su descargo en el marco del sumario instruido por la institución en contra de la misma. El representante legal lamentó que varios comunicadores y medios de comunicaciones con intenciones políticas mal informaron lo ocurrido.

Aclaró en primer lugar que el sumario administrativo se abrió solamente por la denuncia realizada por el periodista Guachiré en sus redes sociales, sin que este haya presentado pruebas de alguna irregularidad.

En ese sentido, Tuma explicó que su defendida cuenta con todos los permisos para los días que no estuvo en su puesto laboral. “Sus ausencias están justificadas con certificados médicos y estos se encuentran en poder de la EBY”, resaltó.

En otro momento expuso que muy pocos saben que varias instituciones públicas cuentan con la posibilidad de que sus trabajadores soliciten permisos por cuestiones particulares, y la EBY estipula esto en su reglamento interno, donde cada trabajador puede hacer uso de este tipo de permisos 10 horas al mes.

Al respecto remarcó que fue totalmente válido que Saucedo haya asistido al cumpleaños de Horacio Cartes porque la EBY, por reglamento interno, le otorga 10 horas de permiso mensual para cuestiones particulares a sus funcionarios. “A mí no me gusta eso, pero son beneficios de los trabajadores, hasta si quiere ir al reservado lo puede usar”, agregó.

Así también cuestionó que se haya tergiversado que la mujer no trabajó 200 horas en dos años, porque en realidad la EBY dejó de trabajar presencialmente por la pandemia del Covid-19, a lo cual se suma que la trabajadora hizo uso de sus vacaciones (posee 20 años de antigüedad) y además presentó permisos médicos.

Por otra parte, Tuma dijo que es importante aclarar que la relación laboral en las binacionales se rige por el Código Laboral y no por la ley de la Función Pública. Y en este contexto su mandante cumplió con todas las exigencias del código para los permisos correspondientes, según expuso.

“Ayer leí que un grupo de ciudadanos se fue a hacer una denuncia ante la Fiscalía, pero no entiendo con qué fin porque no son parte. Si existe algún hecho irregular, la propia EBY es la que tiene que hacer alguna denuncia”, esgrimió.

Lastimosamente las autoridades de la EBY callaron por cuestiones políticas y recién ahora refieren que todas las documentaciones están en reglas, de acuerdo con Tuma. “Dejaron que una persona sea manoseada, y peor aún, hoy por hoy si el sumario arroja la culpabilidad de la misma será por presión mediática y si el sumario sale favorable la ciudadanía pensará que esto se arregló por debajo de la mesa. Existe una perversidad de la EBY porque recién hoy el director de RR.HH. reconoció en una entrevista radial que sus documentos están en regla. Sabían desde un comienzo pero decidieron callarse, porque a Nicanor y a un sector les convenía que esto genere un rechazo ciudadano para perjudicar a un candidato. Permitieron que se genere una bola de nieve que le generará un gran problema a ella”, arremetió.

Tuma trajo a colación que el medio periodístico PDS expuso que el director de RR.HH. de la EBY reconoció que en este caso no existe irregularidad alguna en el uso de los permisos particulares:

En el caso de que la funcionaria sea desvinculada de la EBY, Tuma demandará a la institución por despido injustificado. Y dijo estar seguro que la entidad perderá porque su clienta tiene las de ganar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.