Al respecto, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas indicó que la versión del Senado es la que más se acerca a la propuesta presentada originalmente por el Poder Ejecutivo y que su aprobación representará ahorros importantes para el Estado.

“Es uno de los proyectos más importantes presentados por este Gobierno y busca avanzar en el proceso de reforma del Estado en lo que hace a la eficiencia de las compras públicas. Como Ejecutivo, nos sentimos más cómodos con la versión del Senado, ya que es la que más se acerca a la que presentamos originalmente”, añadió.

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En ese sentido, explicó que son aproximadamente 17 artículos que fueron modificados durante el proceso de análisis y que la mayoría afectan principalmente a las cuestiones operativas, por lo que plantean que estas cuestiones queden a instancias del Decreto Reglamentario de manera a que se cuente con suficiente flexibilidad para ir ajustando en la medida que se vaya implementando la Ley.

“Queremos que esta Ley dure por lo menos 20 años, así como la que hoy está vigente. En la medida que incorporemos, dentro de este marco jurídico, mayores restricciones o rigidez, tendremos que recurrir de manera permanente al Congreso”, explicó.

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Finalmente, destacó que este proyecto de Ley incorporará nuevos instrumentos que permitirán generar ahorros importantes dentro del Estado, por ejemplo, a través de las compras consolidadas.

“Hoy el Ministerio de Salud, el Hospital de Clínicas y el Instituto de Previsión Social (IPS) compran medicamentos cada uno por su lado y no se saca provecho de esa capacidad a escala que puede tener el Estado de realizar una única compra, en la cual se pueden obtener mejores precios al comprar una mayor cantidad, ya sea de un bien o en la contratación de un servicio. Este tipo de instrumentos son los que se incorporan dentro de este proyecto de Ley, de manera a generar ahorro y eficiencia en las compras públicas”, enfatizó.

La reunión se realizó esta mañana en la sede legislativa y contó con la participación del ministro de Salud, Julio Borba, y el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.