Integrantes del Equipo Económico Nacional (EEN) y autoridades de varias instituciones participaron este jueves de una reunión en Palacio de López a la que fueron invitados representantes de los principales gremios de la producción.

En la ocasión, se realizó la presentación del Plan de Contingencia al sector privado, el cual fue planificado por el gobierno para hacer frente a diversas situaciones climáticas que estarán presentándose en los próximos meses.

Dicho plan se encuentra basado en tres ejes fundamentales: la navegabilidad, la provisión de agua potable y los riesgos para el sector agrícola, ya sea por la sequía o los incendios forestales.

En representación del sector de gremios participaron Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); Esteban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos; Cesar Jure, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO).

El ministro de Hacienda y responsable del Equipo Económica Nacional, Óscar Llamosas, explicó que se logró acordar la incorporación de los referentes del sector privado en las mesas de trabajo, a fin de que también puedan brindar sus sugerencias y que se puedan tomar acciones rápidas y efectivas.

Una de las propuestas realizadas en el marco de esta reunión tiene que ver con la agilización de las labores de dragado en los ríos así como el monitoreo de los puntos críticos donde la bajante es más pronunciada, mencionó.

El intendente de Villarrica, Magín Benítez, calificó en entrevista con la radio 650 AM la obra como “un hecho histórico para Villarrica”, y destacó que “la gente ya no quería llegar a la terminal anterior, preferían bajarse antes de llegar”.

La nueva terminal será multifuncional, integrando espacios comerciales con el sistema de transporte de pasajeros y carga. La empresa encargada de la ejecución es Bogado Construcciones, con un contrato que establece un plazo de 15 meses para la finalización, sin reportes de retrasos hasta el momento.

“Con este ritmo de avance, la obra podría entregarse incluso antes de noviembre, siempre garantizando la seguridad y calidad de la construcción”, destacó el jefe comunal.

La terminal, que tenía más de 80 años de antigüedad, fue demolida en agosto del año pasado para dar paso a una infraestructura moderna y funcional. Según explicó la directora de Obras de la comuna, arquitecta Carmen Airaldi, ya se completaron etapas clave como cimientos, estructura de hormigón, albañilería general y contrapiso, y actualmente se trabaja en la estructura metálica y el techo principal.

La reconstrucción de la terminal fue postergada por más de 15 años, generando problemas de infraestructura y seguridad. Según comerciantes, la antigua edificación presentaba filtraciones de agua, grietas, hacinamiento y problemas sanitarios. Además, la inseguridad afectaba a los trabajadores nocturnos, con frecuentes robos en las casillas comerciales.

Mientras avanzan las obras, los comerciantes, agencias de viaje y taxistas operan en una terminal provisoria ubicada a 1,5 kilómetros de la original. “El movimiento comercial aquí es mucho menor, así que estamos con mucha expectativa de volver a nuestro lugar habitual”, comentó Cristian Barreto, trabajador de una agencia de viajes.

Al respecto, Klaus Pistilli, viceministro del Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), precisó que, según la Ley de Presupuesto, el MITIC tiene la responsabilidad de velar por la autorización de compras tecnológicas a nivel transversal en todos los organismos estatales.

En este contexto, el IPS presentó sus especificaciones técnicas para la licitación de cámaras de vigilancia a fines de 2024. Sin embargo, las observaciones del equipo del MITIC, en especial de la Dirección General de Infraestructura y Conectividad, surgieron debido a detalles técnicos que requerían ajustes.

“El proceso natural de revisión de especificación técnica no es inmediato. Si bien el monto involucrado, que rondaba los 20.000 millones de guaraníes, no era menor. El objetivo del MITIC es asegurar que las adquisiciones respondan a una necesidad real y sean eficientes en el uso de los recursos”, explicó el viceministro en entrevista con Universo/Nación Media.

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Además, destacó que el MITIC busca, en todos los casos, que las especificaciones cumplan con los estándares y políticas que rigen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Estado.

Así también, abordó el tema de los plazos, señalando que si bien el IPS presentó la documentación en los últimos días hábiles de 2024, se requirió tiempo para realizar las observaciones pertinentes en enero, cuando ya estaba en vigor la reglamentación de la Ley de Presupuesto 2025.

“Es importante que el proceso de revisión sea exhaustivo para evitar errores que puedan impactar la competencia o la correcta utilización de los recursos públicos”, señaló.

En cuanto a las correcciones solicitadas, el viceministro explicó que, pese a que el proceso de revisión es normal y parte de las buenas prácticas, la optimización de los recursos es clave. En este caso, dijo que se sugirió ajustar los montos y especificaciones para garantizar la mejor oferta posible y un uso más eficiente de los fondos públicos.

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Pistilli también remarcó la importancia de que los organismos del Estado se alineen con las directrices del MITIC en cuanto a las TIC, lo que ayuda a evitar retrasos innecesarios y fomentar una mayor transparencia y competencia en los procesos de licitación.

“Lo que buscamos es que los equipos técnicos de cada institución utilicen los estándares que proporcionan para hacer especificaciones técnicas más claras y ajustadas a las necesidades reales”, destacó.

Asimismo, subrayó que las revisiones y observaciones al IPS forman parte de un proceso rutinario, no solo para esta licitación, sino para todos los organismos del Estado que gestionan compras relacionadas con las TIC.

Finalmente, indicó que este proceso ayuda a lograr un ahorro significativo, como ocurrió en 2024, cuando se alcanzó un ahorro de aproximadamente 20 millones de dólares en compras tecnológicas.

Denis Steven Bareiro Chávez, Carlos Alfredo Bereiro Benítez y Carlos Rubén Yrala Fernández, de Steven Automotores, fueron acusados por estafa y asociación criminal. Mientras que el juez de Paz de Chaco´i, Jorge Adolfo Franco Garelik, fue acusado por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, lo mismo que la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez. En esta carpeta fiscal se contabilizaron 255 personas que fueron perjudicadas por este modus operandi.

En uno de los casos, la señora Natalia Bareiro, en fecha 5 de agosto de 2023, adquirió un vehículo de la playa de autos ubicada en la calle Acceso Sur casi Mangore de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de Gs. 1.694.000, con sistema de rastreo satelital (GPS), siendo el primer vencimiento el 10 de setiembre de 2023, firmando un contrato privado con Bareiro Benítez, en representación de Bareiro Chávez, con certificación de firmas de la escribana Olga Valentina Insaurralde.

Luego, la señora Bareiro se atrasó en el pago de la primera cuota del 10/09/2023 y en fecha 02 de octubre de 2023, llegó hasta su domicilio el oficial de justicia Carlos Yrala, con una orden de secuestro firmado por el juez Franco Garelik y la actuaria judicial Gaona Benítez, cuya orden fue firmada por dicho juez el 14 de setiembre del 2023. Ante dicha situación, la misma entregó su auto y se acercó luego a la playa de venta de autos.

Ya en el lugar, pensado que iba a pagar la cuota atrasada le entregarían su vehículo, pero le solicitaron la entrega de G. 17 millones y ante su negativa, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor de Bareiro Chávez, a lo cual se negó y en un descuido logró tomar una foto del contrato. Ante su negativa a firmar no le entregaron el rodado ni la parte de pago que había entregado, así como tampoco los pagarés suscritos por ella. Este tipo de situaciones se repitieron por decenas, según las investigaciones de la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que los acusados Bareiro Chávez, Bareiro Benítez e Yrala Fernández daban facilidad para adquirir vehículos, para luego aprovecharse del retraso en el pago de una cuota para dar trámite a expedientes judiciales en un Juzgado de Paz distante para obtener el mandamiento de secuestro y recuperar los rodados y volver a venderlos, haciendo firmar a las víctimas bajo engaño un contrato de compra-venta (dación de pago).

La acusación señala que el juez Franco Garelik y su actuaria Gaona Benítez tenían a su cargo expedientes judiciales en los cuales violaban los derechos de los demandados para favorecer al demandante (Steven Automotores), ya que ni siquiera cumplían con los mínimos requerimientos de enviar dichos expedientes a estadísticas o tasas judiciales.