El proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay” comenzó hace un par de meses y se prolongará durante cerca de tres años, como informaron este miércoles las autoridades paraguayas durante la presentación de esta campaña.

Durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), María Luisa Duarte, representante de los pueblos indígenas, agradeció esta iniciativa para “subsanar” la falta de documentación en esas comunidades.

“Hay hermanos que viven como en las épocas feudales, que no tienen documentaciones oficiales. Eso es doloroso porque no les permite ser identificados para alcanzar beneficios”, expresó.

Esa documentación también permitirá a las comunidades indígenas alcanzar el derecho “para elegir o para ser elegido” en elecciones y aumentar la participación y representación de esta parte de la población paraguaya.

Paraguay arrastra desde hace años la falta de cédulas de identidad y de inscripción en los registros civiles de la población indígena, lo que limita sus derechos como ciudadanos.

Las misiones de observación electoral que acuden al país durante la época de comicios han señalado esta carencia como uno de los puntos que el país debe corregir, como recordó este miércoles durante el acto el presidente del TSJE, Jaime Bestard.

Para cumplir esa meta, el TSJE trabaja con la delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay y las organizaciones Diakonia y Tierraviva para registrar e identificar a los indígenas que viven en todo el país.

El jefe de Cooperación de la delegación de la UE en Paraguay, Matteo Sirtori, explicó que en los próximos tres años se pretende llegar a unas 37.000 personas indígenas de 19 pueblos y más de 600 comunidades de todo Paraguay.

“El hecho de tener una documentación oficial es una condición para que se vean reconocidos los derechos de todas las personas y para una participación más activa”, agregó Sirtori.

En los próximos años, Tierraviva y Diakonia van a organizar jornadas de acceso a la documentación para entregar cédulas de identidad, partidas de nacimientos e inscripciones en el registro civil.

La abogada de Tierraviva, Adriana Agüero, reconoció el avance que representa este caso para las comunidades indígenas, y recordó el caso de una mujer indígena que murió a los 102 años sin “poder demostrar que existía”.

Para Agüero, la documentación permitirá a los indígenas “acceder a todas las políticas públicas del Estado” de las que ahora no se pueden beneficiar por falta de acreditación.

Desde el Instituto Nacional del Indígena (INDI), su titular, Édgar Olmedo, apuntó que la falta de cédulas de identidad añade un problema más a la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran estas comunidades y celebró que gracias a la documentación puedan participar como candidatos y electores en próximos comicios.

“Es una demostración clara del avance en el ámbito político y electoral”, concluyó.

El Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena, con datos de 2012, cifra en 112.848 la población indígena, en un país con unos 7 millones de habitantes.

Una gran parte de esas comunidades viven en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras y a la consiguiente emigración a centros urbanos.

Un agresivo hombre fue detenido por la Policía Nacional luego de haber golpeado a su pareja, ya que se negó a darle plata para comprar más cerveza.

Se trata de José Antonio Martínez (27), quien además contaba con una orden de captura por exposición al peligro en el tránsito terrestre.

De acuerdo a la denuncia presentada por la mujer, José Antonio llegó a su casa en total estado de ebriedad y le exigió dinero para comprar bebidas alcohólicas.

A raíz de la negativa de la víctima, el hombre la empujó y la golpeó en la cara, causándole varias lesiones. Luego huyó del sitio a pie, pero fue aprehendido por los uniformados en la vía pública.

Luego de ser detenido por los agentes, fue sometido a la prueba de alcotest arrojando como resultado positivo de 0,500 mg/L. El caso fue comunicado a la agente fiscal especializada en violencia familiar, Susan Vega, quien dispuso la detención del violento hombre.

Esta mañana se llevó a cabo la exhumación de los restos de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses que falleció semanas atrás en la ciudad de Encarnación.

Dicha diligencia se realizó como anticipo jurisdiccional de pruebas, a pedido de la agente fiscal Raquel Bordón, quien está a cargo de la investigación por parte de la Fiscalía, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Antecedentes: Bebé de 6 meses fallece tras inyección: denuncian negligencia médica en Encarnación

Los padres de la niña habían formalizado una denuncia ante el Ministerio Público, ante sospechas de una presunta negligencia médica que derivó en el deceso de su hija.

De acuerdo a los antecedentes, la bebé había sido llevada de urgencia al Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación a raíz de un cuadro de vómito y fiebre. Tras aplicarle una inyección, acabó perdiendo la vida en circunstancias aún no aclaradas.

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Los padres afirman que solo les envolvieron el cuerpo de su hija en una sábana para luego entregárselos, sin que ningún profesional del hospital les haya dado alguna explicación sobre las causas de su trágica e inesperada muerte.

Tras la exhumación, los restos fueron llevados a la morgue del Hospital Regional de Encarnación, a fin de realizar la extracción de órganos. Los mismos serán remitidos al Departamento de Patología Forense de la Fiscalía, ubicado en Asunción, a modo de proceder a una revisión más minuciosa.

En el punto 9 del orden del día figuraban los dos dictámenes (por la aprobación y por el rechazo) de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sobre el informe remitido por la Intendencia Municipal, respecto a la rendición de cuentas de la Ejecución Presupuestaria.

El documento enviado por el intendente incluye: el balance patrimonial de Ingresos y Egresos, el estado financiero, la comparación analítica del presupuesto general y de su ejecución y el inventario de bienes patrimoniales, correspondientes al tercer cuatrimestre del 2023 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

Por 14 votos a favor, siete en contra, una abstención y una ausencia, el pleno optó por aprobar el balance de la Intendencia.

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Los concejales Juan Carlos Osorio, Marcelo Centurión, Jesús Lara, Nasser Esgaib, Arturo Almirón, Mariano Cáceres, Juan José Arnold, Miguel Sosa, René Calonga Luis Bello, Daniel Ortiz y Carlos González, (colorados), Augusto Wagner y Ramón Ortiz (liberales) votaron a favor del informe.

Se pronunciaron en contra, Humberto Blasco, Fiorella Forestieri (liberales), Rossana Rolón (colorada), Pablo Callizo, Paulina Serrano, Álvaro Grau (Patria Querida) y Jazmín Galeano (PEN). Se abstuvo de votar el concejal colorado Javier Pinto y se ausentó el edil liberal Félix Ayala.

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El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, desmintió la existencia de un faltante de 500.000 millones de guaraníes, como sostiene la denuncia de referentes de la oposición. A su criterio, no es más que el inicio de una prematura campaña con miras a las elecciones municipales.

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