El proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay” comenzó hace un par de meses y se prolongará durante cerca de tres años, como informaron este miércoles las autoridades paraguayas durante la presentación de esta campaña.

Durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), María Luisa Duarte, representante de los pueblos indígenas, agradeció esta iniciativa para “subsanar” la falta de documentación en esas comunidades.

“Hay hermanos que viven como en las épocas feudales, que no tienen documentaciones oficiales. Eso es doloroso porque no les permite ser identificados para alcanzar beneficios”, expresó.

Esa documentación también permitirá a las comunidades indígenas alcanzar el derecho “para elegir o para ser elegido” en elecciones y aumentar la participación y representación de esta parte de la población paraguaya.

Paraguay arrastra desde hace años la falta de cédulas de identidad y de inscripción en los registros civiles de la población indígena, lo que limita sus derechos como ciudadanos.

Las misiones de observación electoral que acuden al país durante la época de comicios han señalado esta carencia como uno de los puntos que el país debe corregir, como recordó este miércoles durante el acto el presidente del TSJE, Jaime Bestard.

Para cumplir esa meta, el TSJE trabaja con la delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay y las organizaciones Diakonia y Tierraviva para registrar e identificar a los indígenas que viven en todo el país.

El jefe de Cooperación de la delegación de la UE en Paraguay, Matteo Sirtori, explicó que en los próximos tres años se pretende llegar a unas 37.000 personas indígenas de 19 pueblos y más de 600 comunidades de todo Paraguay.

“El hecho de tener una documentación oficial es una condición para que se vean reconocidos los derechos de todas las personas y para una participación más activa”, agregó Sirtori.

En los próximos años, Tierraviva y Diakonia van a organizar jornadas de acceso a la documentación para entregar cédulas de identidad, partidas de nacimientos e inscripciones en el registro civil.

La abogada de Tierraviva, Adriana Agüero, reconoció el avance que representa este caso para las comunidades indígenas, y recordó el caso de una mujer indígena que murió a los 102 años sin “poder demostrar que existía”.

Para Agüero, la documentación permitirá a los indígenas “acceder a todas las políticas públicas del Estado” de las que ahora no se pueden beneficiar por falta de acreditación.

Desde el Instituto Nacional del Indígena (INDI), su titular, Édgar Olmedo, apuntó que la falta de cédulas de identidad añade un problema más a la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran estas comunidades y celebró que gracias a la documentación puedan participar como candidatos y electores en próximos comicios.

“Es una demostración clara del avance en el ámbito político y electoral”, concluyó.

El Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena, con datos de 2012, cifra en 112.848 la población indígena, en un país con unos 7 millones de habitantes.

Una gran parte de esas comunidades viven en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras y a la consiguiente emigración a centros urbanos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.