Avanzan trabajos para reglamentar uso de tobilleras electrónicas en el país

Desde el Ministerio de Justicia se encuentran avanzando en la reglamentación de la Ley 5863/17 que establece el uso de dispositivos electrónicos para el control de personas beneficiadas con medidas alternativas a la prisión. Con esto se buscará mitigar en cierta medida la superpoblación en las cárceles.

Alejandra Peralta, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en entrevista con Radio Uno confirmó que ya se está trabajando en la reglamentación del uso de tobilleras electrónicas en nuestro sistema penal.

Para lograr dicho cometido, se lleva a cabo un trabajo conjunto con diversas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior, representantes del Poder Ejecutivo, entre otros.

De igual manera, se cuenta con la asesoría de expertos chilenos que han venido a nuestro país a acompañar y orientar a las autoridades para este trabajo.

Según explicó la funcionaria estatal, dentro de la reglamentación se deberán prever quiénes serán los órganos de aplicación y control, en qué casos se va a utilizar, cuál será la “población piloto” que empezará a utilizarlo en la primera etapa, entre otras cuestiones.

La implementación de las tobilleras electrónicas tiene dos finalidades: la aplicación de una medida menos gravosa a la prisión preventiva y la protección de la víctima, afirmó Peralta a la 650 AM.

Sobre este mismo punto, explicó que si este tipo de dispositivos de control llegara a ser utilizado en los casos de violencia familiar se estaría cumpliendo con el doble propósito, aunque para ello sería necesario primeramente reformular el Art. 4 de la Ley 5863/17.

“Además de reducir el hacinamiento y contribuir con el sistema penitenciario, también se estaría aportando a lo que es el sistema penal”, puntualizó la viceministra de Política Criminal.

De momento, no existe un plazo establecido para que entre en vigencia la implementación de los dispositivos

Asaltan una estancia en Vallemí: joven es baleado en la cabeza y está grave

Delincuentes irrumpieron en una estancia de Vallemí, robando dinero, armas y un teléfono móvil. Durante el asalto, un joven fue baleado en la cabeza y su estado es crítico. La Policía investiga el caso y busca a los responsables.

Ayer, un violento asalto se registró en la Granja Siete Cabrillas, ubicada en el camino a la compañía indígena Río Apa, en la ciudad de Vallemí. Cuatro hombres armados irrumpieron en el lugar, llevándose 10 millones de guaraníes, un teléfono móvil y dos armas de fuego, aún no identificados.

Durante el ataque, Luis Fredy Bogarín, de 23 años, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un hospital en la ciudad de Concepción, donde su estado de salud es crítico.

La víctima principal, Nelson Florentín Alcaraz, de 46 años, relató que estaba en el baño cuando escuchó voces y se percató del robo. Logró escapar hacia la vivienda de un vecino, a un kilómetro de distancia, desde donde alertó a las autoridades.

Los delincuentes huyeron en dos motocicletas, una de ellas una huella roja, y hasta el momento permanecen prófugos. La Policía del Departamento de Investigaciones de Concepción está trabajando en la identificación y captura de los responsables.

Proyectan restaurar la emblemática estación de tren de Ybytymi

La Secretaría Nacional de Cultura presentará el proyecto para restaurar la estación de tren de la ciudad de Ybytymi, en Paraguarí, un sitio emblemático y un símbolo de la identidad y la historia ferroviaria de la ciudad.

El próximo miércoles 29 de enero autoridades de la Secretaría Nacional de Cultura presentarán el programa para salvaguardar uno de los espacios patrimoniales de nuestro país, la estación de tren de Ybytymi.

Te puede interesar: Presenta acusación contra red de estafadores que operaba desde la cárcel de San Pedro

La intervención busca garantizar la preservación de este bien cultural, considerado un testimonio clave del desarrollo económico y social de la región.

La estación de tren de Ybytymi forma parte de un programa que busca restaurar los espacios que forman parte del patrimonio inmaterial del Paraguay, al cual destinaron un total de USD 5 millones (equivalentes a Gs. 38.800.000.000) a través de Itaipú.

Los ocho sitios que serán intervenidos en esta primera fase son:

  • La Recova (Asunción)
  • Estación de Tren de Ybytymí (Paraguarí)
  • Estación de Tren de Areguá (Central)
  • Estación de Tren de San Salvador (Guairá)
  • Templo Ñandejara Guasu de Piribebuy (Cordillera)
  • Templo San Buenaventura de Yaguarón (Paraguarí)
  • Templo Isla Umbú (Ñeembucú)
  • Casa de la Cultura de San Pedro del Ycuamandyyú (San Pedro)

En una segunda fase se añadirán otros sitios emblemáticos como la Estación Central del Ferrocarril del Paraguay, la Catedral Metropolitana de Asunción, el Palacio Patri y la Casa de Serafina Dávalos.


Presenta acusación contra red de estafadores que operaba desde la cárcel de San Pedro

El Ministerio Público presentó acusación contra seis personas que lideraban un esquema masivo de fraude informático desde la Penitenciaría Regional de San Pedro. Los acusados operaban desde el interior del penal accedían ilegalmente a billeteras electrónicas “Tigo Money”, generando un perjuicio de G. 1.500.000.000 a la firma Mobile Cash S.A.

La agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, presentó la acusación contra personas privadas de libertad sindicadas como responsables de fraudes informáticos.

Los implicados, liderados por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el hombre de las mil voces y condenado por el mismo hecho, habrían falsificado 133 documentos de identidad y utilizado 20 líneas telefónicas en 107 dispositivos móviles.

Mediante la adulteración de datos personales y fotografías, lograron que el sistema de autenticación biométrica “FaceTec” validara accesos no autorizados, permitiéndoles vincular múltiples identidades falsas a una sola billetera electrónica y realizar transferencias fraudulentas.

Los acusados enfrentan cargos por fraude informático, adulteración de documentos y lavado de activos provenientes de sistemas informáticos. El Ministerio Público ha solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.