Avendaño explicó que el retorno se fue produciendo durante los pasados meses a medida que disminuyó la altura del río Paraguay y que en la actualidad son 5.000 personas las que siguen viviendo en los refugios que tras la crecida se instalaron en la capital.

Por su parte, la Municipalidad de Asunción, que durante la crecida cifró en 100.000 el total de personas desplazadas, calcula que actualmente permanecen fuera de sus hogares unas 12.000 personas.

La diferencia en las cifras radica en que la SEN censa solo a personas ubicadas en refugios, mientras que la Municipalidad contabiliza a todas las que dejaron sus casas por las inundaciones, algunas de las cuales se albergan en viviendas de familiares o en otros alojamientos, explicó el director general de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, Víctor Hugo Julio.

Ambas instituciones iniciaron hace seis semanas el Operativo Retorno de las últimas familias de desplazados que permanecían en los refugios, precarias casetas de madera instaladas en parques y espacios públicos de la capital.

El retorno fue posible gracias al descenso en el nivel del río Paraguay, que hoy se sitúa en 3,18 metros a su paso por Asunción, lejos del pico que alcanzó a comienzos de 2016, cuando se ubicó en 7,88 metros de altura.

Antes de regresar a sus casas, la SEN, junto a las compañías estatales de electricidad, agua y saneamiento, comprobó el estado de las viviendas, restableció los servicios básicos, y efectuó tareas de limpieza para que volvieran a ser habitables, explicó Avendaño.

También reforzó los materiales de construcción de las casas dañadas por la crecida, prestó vehículos de mudanza para el traslado de muebles y enseres de los desplazados y les proporcionó paquetes de alimentos, agregó.

La entidad estatal prevé que a lo largo de la próxima semana se complete el operativo de retorno de las restantes familias a sus hogares y estima que puedan permanecer en ellos de forma indefinida, ya que hasta el momento “no se tienen datos” sobre una nueva crecida del río Paraguay en los próximos meses, dijo Avendaño.

Los barrios asuncenos más golpeados por las inundaciones de diciembre pasado fueron los conocidos como Bañados, áreas inundables en la ribera del río Paraguay, donde se asientan poblaciones pobres y personas que migraron del campo a la capital.

Pobladores de estas zonas se encuentran acampados desde comienzos de agosto en el Bañado Norte para exigir al Gobierno la construcción de una infraestructura que les proteja de las inundaciones, y sirva como solución definitiva ante las crecidas que periódicamente les obligan a dejar sus casas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.