El abogado Pedro Ovelar, asesor jurídico de Bancard, sostuvo que existe “un manejo muy preocupante en instancias del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), órgano responsable de juzgar y decidir en el sumario de investigación abierto a la procesadora a raíz de una denuncia del Banco Continental”.

Sostuvo que es llamativo que no se aparte del caso el miembro del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), Eduardo Barros, quien oficia como juez, ya que fue compañero del abogado del Banco Continental, Manuel Arias del Estudio Jurídico Berkemeyer. “Es sumamente llamativo que habiendo sido compañeros desde el sexto grado y egresados del mismo colegio y manteniendo una relación de amistad, socialmente conocida, el miembro Barros no se haya apartado proactivamente del caso, como estaba obligado a hacerlo de acuerdo con las normas de la Ley de Defensa de la Competencia”, expuso.

Ante la inactividad e incumplimiento normativo del miembro Barros, Bancard no tuvo más opción que formular recusación en su contra, para apartarlo del caso, sin que hasta la fecha se haya tenido una resolución.

Añadió que “Eduardo Barros no es el único miembro del Directorio que debería apartarse del sumario. También debe hacerlo el miembro Rolando Díaz, por haber expirado el 26 de julio de 2023 el término de 6 años de su mandato. La expiración del término de la designación del miembro Rolando Díaz Delgado produce la finalización de su mandato y la cesantía en el cargo”.

Según su lectura, la gravedad de las circunstancias precedentes se acentúa si, además, se considera que al otorgar irregularmente una medida cautelar obligando a Bancard a prestar sus servicios al Banco Continental, el Directorio, con la participación de Eduardo Barros y Rolando Díaz, emitió una opinión anticipada sobre la decisión -desfavorable a Bancard- que adoptará al momento de dictar resolución definitiva.

Este escenario llama la atención, de acuerdo con el asesor jurídico, considerando que la Dirección de Investigaciones de la Conacom acusa a Bancard de supuestamente haber obligado a sus propios accionistas a contratar servicios con la procesadora. “Si Bancard es acusada de obligar a entidades financieras a que utilicen sus servicios, ¿por qué la Conacom obliga a Bancard a proveer sus servicios al Banco Continental? ¿Por qué Banco Continental se rehúsa a retirarse de Bancard y contratar los servicios de su propia procesadora Bepsa, compitiendo así de manera transparente?”, se preguntó.

Asimismo, el abogado Ovelar expresó su tremenda preocupación porque estas irregularidades afectarán directamente a la ciudadanía. “En propios ojos del influenciado Directorio de la Conacom, Continental propuso, entre otras cosas, que Bancard se abstenga de realizar promociones o cualquier tipo de incentivos para comercios y usuarios de tarjetas, lo cual demuestra el interés netamente comercial que busca la contraparte con este sumario. ¿La Conacom no debería proteger los intereses de los consumidores y la libre competencia? ¿Estos acuerdos de precios y/o promociones entre competidores (cartel) no deben ser prohibidos por la Conacom?”, esgrimió.

Adicionalmente, Banco Continental solicitó que Bancard dé acceso a Bepsa (competidor directo de Bancard) a sus sistemas tecnológicos, aduciendo no contar con las mismas funcionalidades. “Con esta lógica, ¿Una pizzería debería dar acceso a su cocina y recetas a cualquier pizzería del país que lo solicite?”, comparó el letrado.

Antecedentes del caso 

El 6 de abril del 2021, Bancard anunció públicamente que se vio obligada a rescindir el contrato de prestación de servicios con Banco Continental, previa comunicación anticipada prevista en el contrato (180 días).

Tal decisión se dio considerando que el Banco Continental adquirió en 2018 las acciones de la procesadora Bepsa, que en la actualidad también opera con las licencias de marcas internacionales como VISA y Mastercard.

A raíz de esta situación es que Bancard buscó eliminar cualquier tipo de conflicto de interés existente con el Banco Continental, además de fomentar la libre competencia en el mercado como procesadoras de medios de pago electrónicos.

Desde el punto de vista legal, Banco Continental mantuvo la vigencia del contrato mediante una medida cautelar otorgada en el marco de una acción de amparo por el juez de la Niñez y Adolescencia, Guillermo Trovato, que posteriormente fue revocada, a favor de Bancard, por el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. Ante este hecho, el Banco Continental presentó una acción de inconstitucionalidad y luego solicitó una nueva medida cautelar, pero esta vez ante la Conacom.

La Conacom otorgó irregularmente la medida cautelar y, como consecuencia de ella, Bancard se ve obligada a continuar prestando servicios a Continental, a pesar del evidente conflicto de interés que afecta a Continental al ser propietaria de la principal competidora de Bancard, Bepsa.

El conflicto de interés está reconocido por Continental y se manifiesta a diario en las relaciones entre Bancard y Continental, poniendo en jaque la información privilegiada y confidencial de Bancard. Todo esto es posible únicamente a causa de la medida cautelar dictada por la Conacom.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.