El Consejo de Presidentes de Gremios del Sector Jubilados y Pensionados Bancarios, Secretarios Generales aglutinados en la Federación de Trabajadores Bancarios del Paraguay (FETRABAN), Secretarios de Sindicatos Bancarios del Sector Privado Activo y de Bancos Oficiales, informaron mediante un comunicado los detalles de las movidas que el sector de los bancarios realizará para “proteger la seguridad social de sus afiliados rechazando la imposición de pagar IVA sobre los intereses de préstamos de la Caja Bancaria”, según expresiones del Lic. José Colucci, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios del Paraguay.

Los bancarios manifestaron su absoluto rechazo a la inscripción, resolución mediante y de oficio, de la Caja Bancaria como Agente de Retención del IVA sobre los intereses de los préstamos, según la interpretación por parte de la SET de la Ley 5061/2013, hoy derogada por la LEY 6380/19, con vigencia desde Enero 2020, donde en su art. 100, inc. 7, exonera expresamente de impuestos las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios (préstamos) realizados por las Entidades de Seguridad Social, con sus afiliados, y deroga la Ley 5061/2013.

Entre las resoluciones arribadas por los gremios afines a la Caja Bancaria resaltan entre otras, salir a las calles, dialogar con autoridades parlamentarias, asociaciones de bancos y continuar con otras acciones legales, hasta lograr justicia social en defensa del derecho y respeto a la seguridad social.

“Destacamos y valoramos las acciones legales de férrea defensa sobre el NO PAGO DEL IVA por parte de nuestros representantes y actuales administradores de la Caja Bancaria, bajo la presidencia de José Caballero y los miembros del Consejo: Angel Chamorro, Xavier Hamuy y Miguel Oro, quienes no descartan recurrir incluso hasta en la Corte de la Haya de ser necesario”, siguió destacando Colucci.

Los dirigentes bancarios señalaron que el origen de los fondos de la Caja Bancaria, provienen de los aportes de sus propios afiliados. Defienden el valor social de la entidad al no utilizar fondos públicos. Los fondos prestables generan rentabilidad financiera que a su vez genera rentabilidad social, en otras palabras beneficios para sus jubilados y pensionados. Sostienen que la finalidad de la Caja Bancaria no es la de generar lucro o distribuir dividendos, razón por la que dichos fondos no deben estar sujetos a impuestos, citando incluso países de la región cuyas entidades de seguridad social están exoneradas de impuestos.

SET NO EMITE CCT A LA CAJA

“A la fecha, por una actitud que calificamos de injusta y perjudicial por parte del titular de la SET, esta entidad no emite el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT), por lo menos hubiera expedido en situación de controversia (considerando los litigios judiciales en curso) o el de no contribuyente, que es lo que corresponde”.

Esta injusta decisión incide negativamente en el flujo económico del país, pues impide que unas 280 (doscientos ochenta) solicitudes de compañeros por préstamos hipotecarios por cifras millonarias (Más de 102.000 millones) no puedan ser desembolsados desde el mes de noviembre de 2020 hasta la fecha, porque al no contar con el CCT no es posible inscribir las hipotecas en el Registro Público.

Pérdidas en Intereses sobre los préstamos de los últimos tres meses en promedio PYG 2.700 Millones, originando un perjuicio económico y financiero considerable a la Caja Bancaria (pérdidas de intereses), pérdidas de honorarios a los escribanos y, lo más importante, los compañeros quedan sin poder realizar la compra de sus viviendas, la construcción y reparación de sus casas u otras inversiones en el hogar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.