El poderoso jefe narco Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca” inyectó muchísimo capital en diversas empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico. El criminal, detenido en Brasil, era considerado un “barón de la droga”; sobre sus hombros llevaba más de 50 años de condena y 24 órdenes de captura por parte de la Justicia Federal del Brasil.

En una entrevista concedida a radio UNO, en enero del 2021, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico, había señalado que el caso Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, es el más grande en cuanto a activos inyectados en el sistema financiero que se maneja y el más relevante que tiene el país.

Junto con sus hijos, Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde diciembre 2017 por lavado de dinero, en el que están incluidas además otras 20 personas por las inyecciones de capital con dinero sucio que el narco metía en innumerables empresas y en el sistema financiero paraguayo, a través de sus testaferros.

El criminal, que tenía un gran poder en el mundo de las drogas, empezó su actividad delictiva hace 20 años y siempre fue el objetivo de Paraguay y Brasil. Aquí no pudo ser detenido porque gozaba de mucha habilidad y logística. De acuerdo con la agente fiscal, también influía mucho la naturaleza, ya que era muy difícil llegar a su estancia porque antes de alcanzar el lugar había que pasar cinco portones, y cuando se llegaba, él ya huía por el río.

Este es el pagaré firmado al Banco Atlas por el tractorista de “Cabeza Branca” por valor de US$ 6,5 millones.

Tras permanecer 30 años prófugo de la Justicia, Da Rocha finalmente fue capturado en el interior de la panadería del municipio de Sorriso, del Estado de Mato Grosso, Brasil, a 390 kilómetros de Salto del Guairá y a 520 kilómetros de Ciudad del Este, el 1 de julio de 2017.

En Paraguay, la investigación contra “Cabeza Branca” es una de las más grandes y más antiguas en cuanto a la identificación de activos. La cantidad de bienes es inmensa, de acuerdo con Ledesma. “Era muy importante y peligroso en el mundo de tráfico de drogas”, acotó.

Aquí, el narco no solamente tenía 20 estancias, con supuesto movimiento de ganado, sino que además varias empresas en diferentes modalidades. También se identificaron 98 inmuebles en el área Central y casi 100 vehículos que la Policía Nacional tenía orden de incautación.

Ahora salta que entre los bancos utilizados para lavar dinero, el narco hizo turbios negocios con Atlas, de la familia Zuccolillo, a través de un aparente testaferro. El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como el prestanombres.

Este es el contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria y acta de desembolso entre el Banco Atlas y la firma Biobras S.A., cuyo principal accionista es Gilberto Suárez, tractorista de una de las estancias de “Cabeza Branca”.

Cronología de la operación lavado del narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, en banco Atlas:

En el año 2015, el Banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha.

Gilberto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombres del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la justicia para rematar el inmueble y recuperar su dinero.

Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Senabico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.

Este año, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las conexiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría participado activamente en operaciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera, contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico”.

Al destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos (del Congreso) anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el narco.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.