Los directivos del banco Atlas podrían ser impu­tados por lavado de dinero y se expondrían a una pena carcelaria de hasta 10 años, por presuntamente no haber aplicado una debida dili­gencia para otorgar un prés­tamo hipotecario de US$ 6,5 millones a un tractorista que era el testaferro del poderoso narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

Una causa fiscal fue abierta en febrero del año pasado contra varios bancos, entre ellos Atlas, de la familia Zuccolillo, por sus aparentes vínculos con Luis Carlos da Rocha, quien estaba siendo investigado en un caso anterior por narcotráfico. El Ministerio Público pudo deter­minar que dentro de la inves­tigación al mafioso aparecen indicios de faltas de diligencias de parte de algunas entidades para el otorgamiento de crédi­tos y por ende se decidió abrir otra causa puntual por el hecho punible de lavado de dinero.

Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente de banco Atlas y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista del banco.

Un reglamento de la Sepre­lad, referente a la prevención de lavado de dinero y finan­ciamiento del terrorismo para los sujetos obligados supervisados por la Superin­tendencia de Bancos, entró en vigencia el primer día hábil de febrero del 2014. Sus disposi­ciones son sumamente claras y se aplican al caso de Atlas, porque el llamativo préstamo hipotecario fue otorgado en noviembre del 2015.

Entre los mandatos de la reso­lución figura la política de debida diligencia a ser apli­cada para el cliente, como la obligatoriedad de la identifi­cación y actualización de las documentaciones. En ese sen­tido expresa que “al inicio de la relación comercial, la enti­dad está obligada a identificar por medios fehacientes a sus clientes y beneficiarios fina­les”. Para ello, el banco “debe establecer procedimientos de identificación de sus clientes y beneficiarios finales, pudiendo delegar dicho proceso a terce­ros. La responsabilidad en el cumplimiento de esta obliga­ción corresponde exclusiva­mente a la entidad”.

Directorio del Banco Atlas.

Este reglamento también prevé un monitoreo de las transacciones, el cual debe contemplar medidas y contro­les que permitan a la entidad bancaria cerciorarse de que todas las operaciones y tran­sacciones realizadas por sus clientes y beneficiarios finales, durante la relación comercial, sean compatibles con su per­fil, su capacidad económica-fi­nanciera y su límite operativo autorizado, además de deter­minar que las transacciones realizadas concuerden con la actividad y capacidad econó­mica del cliente; con el propó­sito y naturaleza de la relación comercial y con el volumen de operaciones esperado.

Así también, la entidad debe hacer llenar un formulario al cliente, con todos sus datos. Para las personas físicas, debe constar de la descrip­ción de la actividad econó­mica principal (de servicio, comercial, industrial, ocupa­ción, profesión, oficio u otro). Mientras que para las perso­nas jurídicas, debe figurar la identificación del negocio o de las actividades principales del cliente, con la declaración jurada de impuestos.

Los bancos, tal como debió hacer Atlas, están obligados a aplicar medidas de debida dili­gencia ampliada a los clientes clasificados como de “riesgo alto”. Para eso, deben obtener información adicional, como su ocupación y su volumen patri­monial, sobre las razones de las transacciones que efectúa, corroborar in situ la existencia y actividad del cliente, y moni­torear constantemente el desa­rrollo de la relación comercial.

Para evaluar el riesgo del cliente, el banco debe tener en cuenta una serie de factores. En el caso de Atlas, al parecer se habría obviado, por ejemplo, la de adoptar criterios por la zona identificada de cultivo o tráfico de drogas. También debe con­siderar los datos oficiales que vayan surgiendo para ir cam­biando el perfil del cliente.

Era responsabilidad del banco Atlas conocer a su cliente que resultó ser un tractorista, que actuaba de testaferro del narco “Cabeza Branca”, y que ofre­ció como hipoteca una estan­cia que en realidad pertene­cía al mafioso criminal. Ante esta aparente mala diligencia, sus directivos se exponen hoy a fuertes sanciones adminis­trativas y penales, en el caso de corroborarse la presunción que tiene la Fiscalía.

¿A QUÉ SE EXPONE EL BANCO ATLAS?
La Ley Nº 1015, que previene y reprime los actos ilícitos des­tinados a la legitimación de dinero o bienes, establece una sanción penal para el delito de lavado de dinero, con un castigo de pena penitenciaria de dos a diez años. Se hace la salvedad que el juez podrá dejar de apli­car la pena al coautor o partí­cipe si este colabora espontánea y efectivamente con las autori­dades para el descubrimiento del ilícito, para la individualiza­ción de los autores principales o para la ubicación de los bienes, derechos o valores que fueron objeto del delito.

La normativa establece además agravantes para los empleados, funcionarios, directores, pro­pietarios u otros representan­tes autorizados de los sujetos obligados que tengan participa­ción en el delito de lavado.

Para las personas jurídicas se establece una sanción adminis­trativa, que va desde una nota de apercibimiento, amonesta­ción pública, multas de entre el 50% y 100% de la opera­ción infractora, hasta una sus­pensión temporal de treinta a ciento ochenta días.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.