Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora 

El banco de la familia Zuccolillo se encuentra en la mira de la Fiscalía por aparentemente formar parte del esquema de lavado de dinero del poderoso criminal Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, acusado de lavar grandes cantidades de dinero sucio proveniente del narcotráfico con la activa participación de entidades financieras locales.

Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Este narco está preso en Brasil desde julio de 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país.

El también conocido como “Barón de la droga” tiene además un proceso abierto en Paraguay desde el año 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existe una veintena de personas, presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por las inyecciones de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay.

Parte del escrito de la fiscal Lorena Ledesma en el que señala que los bancos, entre ellos Atlas (el que otorgó el mayor crédito) realizaban préstamos a personas que no reunían el perfil financiero y de esa manera contribuían a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.

De acuerdo con el Ministerio Público, Da Rocha realizó turbias operaciones, mediante sus prestanombres, con entidades financieras locales, entre ellas el banco de la familia Zuccolillo, que ahora busca ejecutar la hipoteca de un inmueble que está siendo administrado por la Senabico, en el marco de una causa contra Cabeça Branca y sus testaferros.

Se trata de “Cielo Azul”, una estancia de 5.945 hectáreas ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción. La misma pertenece a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, cuyo presidente es el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia “Cielo Azul”, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la justicia para la ejecución hipotecaria, sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.

 BANCO ATLAS, EN LA MIRA DE LA FISCALÍA

Además de no conseguir el dinero prestado a la empresa vinculada al narcotraficante, el banco Atlas ahora se encuentra en la mira del Ministerio Público por su presunta implicancia en lavado de dinero.

En una nota enviada por la fiscal antinarcotráfico Lorena Ledesma al fiscal adjunto Marco Alcaraz, la misma deja constancia de la sospecha que existe referente a la participación activa de las entidades financieras en las actividades de Cabeça Branca en el país, a través del otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero y de esta manera contribuían a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.

La fiscal Ledesma concluye en su escrito diciendo que “estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luis Carlos Da Rocha en el sistema financiero”.

En su escrito expone que los presuntos testaferros del narco accedieron a elevados préstamos hipotecarios sin contar con el perfil transaccional y el historial crediticio para el efecto. Los bancos locales, entre ellos Atlas, no cumplieron los preceptos básicos de la debida diligencia, ya que estos clientes en realidad eran tractoristas, agricultores y peones que mantenían una dependencia laboral en las estancias vinculadas al caso.

La investigadora resalta además que estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luiz Carlos Da Rocha en el sistema financiero, y que por ello comunica a su superior de estas circunstancias para que se inicie una investigación contra los bancos implicados, entre ellos el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.