Familiar expresó que la protección social es una prioridad de la agenda del Banco Mundial América Latina. “Ahora que el mundo se enfrenta a una desaceleración económica en un entorno adverso, es necesario hacer ajustes”. Comentó que “por centrarse el gasto público en las áreas más críticas, siempre los pobres son los que más sufren”.

Hizo hincapié en que este mecanismo de protección social permite a las familias acceder a la educación, salud y mejorar el nivel de vida. “Por lo tanto se convierte en un círculo virtuoso para ayudar a los hogares pobres para romper el bucle de la pobreza intergeneracional”, indicó.

Agregó que los programas de protección social son “los que producen la transformación social importante a nivel regional y como podemos ver en el Paraguay de hoy”. También mencionó el nivel de tolerancia cero en la que la región de América Latina está de pie en términos de corrupción.

Asimismo el vicepresidente destacó la importancia del proceso social de auditoría, la participación ciudadana y la responsabilidad social, y cómo estas iniciativas se han vuelto mucho más relevante en la actualidad que durante los últimos años.

Por su parte el ministro de Acción Social, Héctor Cárdenas expresó que el actual Gobierno “la transparencia y la rendición de cuentas son el eje principal y que la SAS está avanzando en su aplicación, a pesar de que ya estaba promoviendo una institución transparente por diferentes listas de programas abiertos al público, incluso antes de que se aplicó la Ley de Acceso a la Información pública “.

En tanto que la especialista en Desarrollo Social del Banco Mundial senior y Gerente de Proyectos, Graciela Sánchez Martínez, trajo a colación la importancia del proyecto Ñañomoirũ. Comentó que Paraguay puso énfasis en la importancia de la participación de rendición de cuentas y los ciudadanos a través de la cartera, incluyendo el apoyo a las iniciativas de cartera existentes a nivel de proyecto / sector, como Tekoporã auditoría social y el desarrollo rural, incluidas las poblaciones indígenas, el agua y el saneamiento y el transporte / sectores carreteras.

Por último, Leticia Alcaraz, coordinadora del trabajo de campo Ñañomoirũ, presentó los resultados de la primera aplicación del Informe Ciudadano a los beneficiarios de Tekoporã en Paraguay. Algunos de los principales resultados del informe son los siguientes:

– 92% de las familias les resulta fácil retirar el dinero, y el 99% está satisfecho con el Tekoporã ” Guía Familiar ” papel de apoyo;

– La mayoría de las familias calificó como positivo y muy positivo el último servicio de salud que experimentaron, el 99,6% de los niños están vacunados;

– El 95% de personas entre 5-18 años de edad se prestó asistencia a la escuela, el 92,4% se clasificó como positiva y muy positiva la escuela de su comunidad.

Alcaraz también detalló algunos desafíos a ser abordados por Tekoporã :

– Sólo el 7,4% de las familias sabe acerca de la participación ciudadana mesa redonda y su papel para Tekoporã;

– 39,7% de las familias dijeron que no tienen servicios de salud en sus comunidades;

– 5% de las familias no ayudar a los niños a la escuela, ya sea porque están trabajando o tienen problemas de salud;

– 28% de las familias no saben dónde ir en caso de que tengan reclamaciones sobre el programa.

Las exposiciones se dieron en el marco del Conversatorio sobre Valor agregado de la Auditoría Social para el Desarrollo en Paraguay, realizado en nuestro país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.