El interventor de la comuna es Aldir Rojas, quien fue designado por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de octubre, ya entregó su informe al Ministerio del Interior, pero insiste en permanecer en el cargo otros 30 días, según informó Milciades Benítez, apoderado del Partido Patria Querida.

Actualmente, el intendente Oscar Duarte (PPQ), se encuentra suspendido en sus funciones. Entre las causales de intervención, los concejales acusan al jefe comunal de no presentar el informe de ejecución presupuestaria del 2018, mal uso de los fondos asignados para el primer trimestre de este año, la no ejecución del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Otro punto cuestionado es la falta de planificación para sectores como deportes y educación.

Duarte fue electo en el periodo 2010-2015 y renunció para volver a candidatarse para las elecciones municipales del 2015, en donde fue reelecto para ocupar el cargo. Con la renuncia del patriaqueridista, asumió el concejal Israel Duarte (PLRA), quien asumió el 18 de agosto del 2015 para poder culminar el ciclo.

El recientemente reelecto intendente tuvo como primera tarea realizar una auditoría del periodo de Israel Duarte a cargo de la comuna. Según los resultados del informe, entre el 18 de agosto y 18 de diciembre del 2015, el entonces administrador, Jorge Francisco Villalba Areco, habría transferido electrónicamente la suma de aproximadamente G. 400.000.000 por encima de lo que le correspondía en concepto de honorarios profesionales. Estos fondos habrían salido directamente de la cuenta de la Municipalidad.

Luego de tener el resultado de esta auditoría, el intendente presentó una denuncia contra Israel Duarte y Jorge Francisco Villalba Areco ante la unidad fiscal de Villa Hayes, a cargo de Alexis Takahashi. El agente del Ministerio Público imputó a ambos por lesión de confianza. Sin embargo, a Villalba también lo procesó por apropiación.

El fiscal solicitó que la causa sea elevada a juicio oral, pero los procesados pospusieron la audiencia preliminar mediante varias chicanas. Según una denuncia que realizó una fuente cercana HOY, para suspender la cuarta audiencia habrían propuesto la devolución del monto supuestamente transferido irregularmente, pero no en efectivo sino “en especies”.

De acuerdo con la denuncia, el interventor habría pretendido aceptar la propuesta de los procesados y sería a causa de una visita que habría realizado Rojas al juez que entiende la causa, en compañía de una concejal, quien es hermana de un diputado liberal, y el presidente de la Junta.

EL INFORME DE LA INTERVENCIÓN

Aldir Rojas presentó su informe de intervención, dando cuenta de que se pudo constatar la elaboración de instrumentos públicos de contenido falso, los mismos habrían sido confeccionados a los efectos que la Junta Municipal no descubra la utilización de importantes fondos municipales no incorporados al presupuesto y además, sin procesos licitatorios. Además, el interventor halló documentos de ejecución presupuestaria presentada ante el Ministerio de Hacienda y Contraloría con montos muy superiores a los presentados ante la Junta Municipal.

El informe también habla de un perjuicio de G. 2.118.440.137 en el año 2015. Este monto habría sido ejecutado en el rubro de construcciones y no existen documentos respaldatorios, según Rojas. Por otro lado, existe un daño patrimonial de G. 999.000.000 debido a irregularidades en la ejecución de los fondos del FONACIDE para obras en la comuna, adjudicadas de manera irregular, ignorando las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones y beneficiando a supuestas “empresas amigas”.

Otra de las irregularidades detectadas por el intervención es la transferencia de G. 500.407.320 a la empresa El Farol, este desembolso se habría realizado sin contar con presupuesto y sin planillas de registros firmados por algún responsable de comuna que pueda certificar y responder por dichos pagos.

Rojas indicó que existe un daño patrimonial de G. 1.043.037.320. Este pago sería en concepto de supuesto traslado y disposición final de residuos al vertedero municipal. Este desembolso se habría realizado sin contar con presupuesto para su financiamiento y se habría evadido la obligatoria autorización de la Junta Municipal para llevar a cabo esta adjudicación. Todo esto, existiendo una empresa que cobra a los residentes de Benjamín Aceval por la recolección de basura.

Existen irregularidades en la adjudicación de empresas para el enripiado de calles urbanas. Según el informe, la concesión se dio de manera apresurada, no se cumplieron las especificaciones técnicas, gran parte de la superficie cargada con pedregullo ya ha desaparecido y no se realizó el trabajo en su totalidad.

Ya en 2018, hubo transferencias por un total de G. 300.000.000 al Concejo de Salud sin rendición de cuentas de las mismas. Lo más llamativo es que dicho organismo está presidido por Oscar Duarte.

Por facturas no válidas, enmendadas o incompletas, se constató un perjuicio de G. 312.365.700

Por último, se detectó un pago de G. 2.060.000.000 con fondos provenientes de royalties para el rubro de contrataciones, también con deficiencia de documentos respaldatorios.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.