El interventor de la comuna es Aldir Rojas, quien fue designado por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de octubre, ya entregó su informe al Ministerio del Interior, pero insiste en permanecer en el cargo otros 30 días, según informó Milciades Benítez, apoderado del Partido Patria Querida.

Actualmente, el intendente Oscar Duarte (PPQ), se encuentra suspendido en sus funciones. Entre las causales de intervención, los concejales acusan al jefe comunal de no presentar el informe de ejecución presupuestaria del 2018, mal uso de los fondos asignados para el primer trimestre de este año, la no ejecución del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Otro punto cuestionado es la falta de planificación para sectores como deportes y educación.

Duarte fue electo en el periodo 2010-2015 y renunció para volver a candidatarse para las elecciones municipales del 2015, en donde fue reelecto para ocupar el cargo. Con la renuncia del patriaqueridista, asumió el concejal Israel Duarte (PLRA), quien asumió el 18 de agosto del 2015 para poder culminar el ciclo.

El recientemente reelecto intendente tuvo como primera tarea realizar una auditoría del periodo de Israel Duarte a cargo de la comuna. Según los resultados del informe, entre el 18 de agosto y 18 de diciembre del 2015, el entonces administrador, Jorge Francisco Villalba Areco, habría transferido electrónicamente la suma de aproximadamente G. 400.000.000 por encima de lo que le correspondía en concepto de honorarios profesionales. Estos fondos habrían salido directamente de la cuenta de la Municipalidad.

Luego de tener el resultado de esta auditoría, el intendente presentó una denuncia contra Israel Duarte y Jorge Francisco Villalba Areco ante la unidad fiscal de Villa Hayes, a cargo de Alexis Takahashi. El agente del Ministerio Público imputó a ambos por lesión de confianza. Sin embargo, a Villalba también lo procesó por apropiación.

El fiscal solicitó que la causa sea elevada a juicio oral, pero los procesados pospusieron la audiencia preliminar mediante varias chicanas. Según una denuncia que realizó una fuente cercana HOY, para suspender la cuarta audiencia habrían propuesto la devolución del monto supuestamente transferido irregularmente, pero no en efectivo sino “en especies”.

De acuerdo con la denuncia, el interventor habría pretendido aceptar la propuesta de los procesados y sería a causa de una visita que habría realizado Rojas al juez que entiende la causa, en compañía de una concejal, quien es hermana de un diputado liberal, y el presidente de la Junta.

EL INFORME DE LA INTERVENCIÓN

Aldir Rojas presentó su informe de intervención, dando cuenta de que se pudo constatar la elaboración de instrumentos públicos de contenido falso, los mismos habrían sido confeccionados a los efectos que la Junta Municipal no descubra la utilización de importantes fondos municipales no incorporados al presupuesto y además, sin procesos licitatorios. Además, el interventor halló documentos de ejecución presupuestaria presentada ante el Ministerio de Hacienda y Contraloría con montos muy superiores a los presentados ante la Junta Municipal.

El informe también habla de un perjuicio de G. 2.118.440.137 en el año 2015. Este monto habría sido ejecutado en el rubro de construcciones y no existen documentos respaldatorios, según Rojas. Por otro lado, existe un daño patrimonial de G. 999.000.000 debido a irregularidades en la ejecución de los fondos del FONACIDE para obras en la comuna, adjudicadas de manera irregular, ignorando las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones y beneficiando a supuestas “empresas amigas”.

Otra de las irregularidades detectadas por el intervención es la transferencia de G. 500.407.320 a la empresa El Farol, este desembolso se habría realizado sin contar con presupuesto y sin planillas de registros firmados por algún responsable de comuna que pueda certificar y responder por dichos pagos.

Rojas indicó que existe un daño patrimonial de G. 1.043.037.320. Este pago sería en concepto de supuesto traslado y disposición final de residuos al vertedero municipal. Este desembolso se habría realizado sin contar con presupuesto para su financiamiento y se habría evadido la obligatoria autorización de la Junta Municipal para llevar a cabo esta adjudicación. Todo esto, existiendo una empresa que cobra a los residentes de Benjamín Aceval por la recolección de basura.

Existen irregularidades en la adjudicación de empresas para el enripiado de calles urbanas. Según el informe, la concesión se dio de manera apresurada, no se cumplieron las especificaciones técnicas, gran parte de la superficie cargada con pedregullo ya ha desaparecido y no se realizó el trabajo en su totalidad.

Ya en 2018, hubo transferencias por un total de G. 300.000.000 al Concejo de Salud sin rendición de cuentas de las mismas. Lo más llamativo es que dicho organismo está presidido por Oscar Duarte.

Por facturas no válidas, enmendadas o incompletas, se constató un perjuicio de G. 312.365.700

Por último, se detectó un pago de G. 2.060.000.000 con fondos provenientes de royalties para el rubro de contrataciones, también con deficiencia de documentos respaldatorios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.