La Cámara de Diputados desarrolla este martes una sesión extraordinaria para interpelar al titular del Instituto de Previsión Social (IPS).

Al ser consultado sobre las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de contratación y nombramiento del personal de blanco, Vicente Bataglia se defendió asegurando que se promovieron concursos de desprecarización laboral, dando como resultado el nombramiento de 404 funcionarios.

En este caso, se registraron 1.380 postulantes pero había solo 210 categorías salariales vacantes, motivo por el cual muchos no pudieron acceder a este beneficio, mencionó.

Bataglia señaló que no se han creado nuevas categorías salariales presupuestarias desde el 2015 para ampliar las plazas disponibles, haciendo que muchos de los postulantes, pese a lograr el puntaje mínimo requerido, no puedan acceder a la anhelada desprecarización.

“El proceso de selección se hace de manera transparente”, aseguró el presidente de la previsional durante su interpelación en la Cámara Baja.

En otro orden de cosas, mencionó que el pasado 30 de junio fenecieron los contratos de prestación de servicio del personal del IPS. Desde el 16 de junio ya se procedió a comunicar a jefes de área, directores, gerentes y asistentes de talento humano sobre la posibilidad del módulo online para solicitar la renovación de contrato.

Fue así como se produjo la desvinculación de un total de 604 personas, de las 11.302 que tenían contrato vigente en IPS. Según Bataglia, posterior a las manifestaciones de algunos funcionarios se procedió a recepcionar solicitudes de reconsideración.

Una vez analizados los casos de reconsideraciones, se decidió dar continuidad a 310 personas cuyas justificaciones se ajustan a las normas vigentes, quedando finalmente sin vínculo laboral un total de 294 personas.

Al ser consultado sobre la contratación de personal durante la pandemia de COVID-19, el presidente del IPS confirmó que un total de 5.953 trabajadores de la salud fueron contratados para responder a la demanda de atención en los diferentes hospitales y clínicas periféricas. Esto incluye a más de 1.440 médicos, 2.754 enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, nutricionistas, radiólogos, entre otros.

El personal de blanco activo nombrado durante la pandemia entre 2020 y 2021 fue de 424. Por su parte, el personal de apoyo y administrativo contratado fue 1.673.

El personal de blanco pasó de 2.910 antes de la pandemia a 2.418 más en el año 2020, 3.019 en 2021 y 516 en el 2022, lo cual hace un total general de 8.863 funcionarios formando parte del IPS.

Si a esto se le suma el personal de apoyo, auxiliar, administrativo y de blanco, el total de contratos durante la pandemia de COVID-19 asciende a 10.959, de acuerdo a lo que manifestó Bataglia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.