El BCP puede, igualmente, adoptar medidas orientadas a coadyuvar al desarrollo y fomento de políticas públicas, a fin de promover ciertos sectores de la economía.

El objetivo de esta normativa es contribuir con las políticas públicas orientadas a facilitar la provisión de una mejor calidad de vida a la población, en este caso, a través del acceso a la casa propia. Con este documento, ciertos aspectos regulatorios aplicados a los créditos para la vivienda incentivarán la oferta de dichos productos por parte de las entidades financieras y contribuirán a la inclusión financiera de sus beneficiarios.

Precisamente, entre los ajustes a la clasificación de estos créditos, se ha establecido que tendrán Categoría II, con 0,10 de ponderación para la determinación de indicadores de solvencia patrimonial, es decir, como activos representarán un menor nivel de riesgo para las entidades.

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Asimismo, en casos de refinanciación o reestructuración, el pago requerido de la deuda baja de 25 % a 10 % más otros cargos, a la par de la mejora de la categoría del cliente.

Estas determinaciones resultan fundamentales para que las entidades financieras cuenten con herramientas que puedan acompañar de manera adecuada el objetivo mencionado.

El BCP, además de ratificar su compromiso de velar por la solvencia, estabilidad e integridad del sistema financiero, reafirma su objetivo de fomentar la inclusión y la sostenibilidad financiera de las personas. Estas facilidades generarían además una ayuda importante para reducir la brecha de acceso a créditos para la vivienda en todo el país.

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Durante la reunión que mantuvieron esta semana los integrantes de la citada Comisión, coincidieron en que una de las principales dificultades es la concentración de causas judiciales en Asunción, mientras que muchas de las víctimas residen en el interior.

Otro aspecto señalado fue el alto costo económico y el tiempo que representa para las víctimas trasladarse desde zonas alejadas, como por ejemplo, el departamento de Alto Paraguay, hasta la capital, lo que agrava aún más su situación.

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Con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente y cercana, la Comisión planteó tres ejes de acción principales: en primer lugar, se propuso realizar una capacitación local para formar personas en cada departamento para replicar el trabajo actualmente centralizado en Asunción; en segundo lugar, se plantea la articulación con universidades públicas para promover la participación de consultorios jurídicos de las facultades de Derecho para brindar apoyo legal gratuito; y por último, la coordinación institucional para fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de la Defensa Pública.

En relación a los descuentos compulsivos, el Código Procesal Civil contempla que, cuando no sea posible alcanzar una sentencia válida, debe declararse la nulidad del proceso. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ha emitido una acordada sobre este punto.

Finalmente, se decidió proponer como fecha tentativa para la reunión conjunta con los ministros de la Corte Suprema el próximo lunes 19 de mayo. Además, se definió una lista de instituciones con las cuales la Comisión mantendrá encuentros de trabajo en los próximos días.

Gustavo Villate, titular del Mitic (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación), habló durante el Congreso de la FIFA y explicó que uno 80 % de los ataques perpetrados recientemente utilizaron la modalidad conocida como defacing, en la que se modifica la portada de la página y se redirecciona a sitios engañosos.

Sin embargo, dos de estos ataques incluyeron la extracción de datos. Las instituciones afectadas son el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud Pública.

“Acá no hay ningún acceso a cuentas personales o datos que hacen a la cuentas financieras, o personales. Lo que se tiene acceso es a una base de datos con los datos de contacto de personas”, comentó Villate.

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En el caso del MAG, los hackers ingresaron al sistema de expedientes electrónicos, mientras que, en Salud Pública, obtuvieron cinco millones de registros.

Además de las acciones de blindaje y otras medidas de seguridad posteriores al ataque, el Mitic se encuentra investigando el origen y el método de las vulneraciones.

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El Crio. Juan Agüero, director de Policía de Asunción, comentó que durante el operativo en el microcentro capitalino visualizaron a personas que, nuevamente, cobraban por los espacios públicos como estacionamiento.

“Estaban solicitando nuevamente dinero al conductor, hasta el momento no se tiene reporte de incidentes de ninguna de las comisarías”, expresó a la radio 650 AM.

Indicó que muchos de los demorados cuentan con antecedentes por diversos hechos punibles.

Por otro lado, también comentó que durante el operativo despejaron de los espacios a inadaptados e intervinieron en denuncias de polución sonora.

“Lo positivo es que no tenemos reporte de hechos punibles. La ciudadanía está festejando y la policía está trabajando”, agregó.