BCP explicó al Senado ‘los movimientos financieros’ y ‘los alcances de normativas’
El presidente del BCP, José Cantero, tuvo este viernes un largo encuentro con los legisladores que exigieron datos sobre presuntos delitos financieros y el accionar del banco en el caso Ramón González Daher.
Tras el encuentro, Cantero indicó a la prensa que en la reunión reservada expuso desde aspecto legal lo que la ley obliga a la institución a su cargo, tal como el secreto bancario, que impide compartir muchos datos a la opinión pública.
“Todas las respuestas que he dado pretenden aclarar el punto, desde el BCP actuamos teniendo siempre el marco legal como primer elemento y nuestro accionar es para lograr una estabilidad del sistema financiero y una transparencia”, dijo.
La autoridad destacó que la devolución de los 4 millones de dólares al empresario Ramón González Daher dentro del proceso de quiebra de la Financiera Ara se realizó conforme a las modalidades perdidas por el Banco Central.
“No es un pago que se realiza, el Banco Central no paga por depositantes, sino que se transfieren los pasivos y activos”, explicó.
CASO ARA
El senador Jorge Querey es el que encabeza está movida que trae a la luz un supuesto hecho irregular en la liquidación que se hizo con Ara SA de Finanzas y que benefició a terceras personas.
El informe que según Querey es poco claro, explica que en abril de 2015 el BCP ordenó la clausura de Ara de Finanzas para que deje de operar en el mercado financiero, ya que la Superintendencia de Bancos (SIB) constató que la entidad no tenía el capital mínimo para seguir operando. La licencia de Ara le fue adjudicada durante el gobierno de Fernando Lugo.
Ahora afines al partido político de Lugo son los que piden explicaciones sobre lo ocurrido en el 2015 y abren un peligro escenario ya que piden que se revelen entretelones de dos casos que están protegidos por el secreto bancario y uno de ellos es el caso de Ara SA de Finanzas y atentan de forma directa contra la institucionalidad del BCP.
El Frente Guasu fue el “padrino” de Ara SA de Finanzas para que empiece a operar en el sistema financiero y sus miembros conocen bien todo lo que ocurrió, pero ahora traen este caso para dar a entender que hubo oscuros manejos en la liquidación de esta entidad. Apuntan a ex presidentes y ex directores del BCP, para abrir un camino a meter a sus leales al directorio del banco y poder utilizar las reservas financieras al antojo del Frente Guasu.
Pero nada es más alejado de la realidad, ya que en el 2015 el Banco Central cumplió con todas y cada una de las normas de liquidación estipuladas en la ley.
El caso de Ara de Finanzas fue el primer proceso de liquidación en el que todos sus ahorristas preservaron sus ahorros. El BCP cuidó todos los detalles para que los ahorristas no pasen por situaciones de pérdida de dinero y en ningún caso se pagó directo de la garantía estatal del Fondo de Garantía de Depósito (FGD). Ese fondo tiene un pago directo límite de hasta 75 salarios mínimos.
El dinero de los ahorristas siempre estuvo a salvo y la totalidad fue transferida a entidades financieras que adquirieron esos pasivos y fueron Interfisa Banco, Financiera Río (hoy Banco Río) y Banco Continental. Con esta maniobra se dieron dos cuestiones importantes, la primera salvar el dinero de la gente y el segundo evitar un daño a la credibilidad del sistema financiero con la crisis que generó Ara SA de Finanzas.
Todos estos puntos están bien explicados en los diferentes informes que el BCP emitió en su momento y que ahora acercó al Senado, pero se trata de sembrar la duda sobre ellos, para generar un quiebre en el BCP y tratar de meter a gente de la izquierda en la entidad.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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