Desde las 0:01 horas del 30 de octubre de este año, todos los bebés nacidos desde ese horario en adelante ya llegan con el 100% del subsidio de reposo por maternidad bajo el brazo conforme a la vigencia de la Ley 5508/15 con un permiso extendido de 18 semanas, explica Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS).

Dentro de la mecánica de la legislación vigente que desde el 2016 ya concede el permiso por cuatro meses, el pago hasta el 29 de octubre era del 75%, porcentaje que se elevó y es el cambio contemplado.

“Es sobre el 100% del salario del mes del parto y en el caso que el salario sea incompleto porque la mamá tuvo al bebé antes de fin de mes o el 10 o es el caso que cobra por día trabajado, se toma el salario completo del mes anterior y así aplicamos para cumplir la ley porque lo que se quiere es que la mamá lleve todo su salario”, señaló Halley.

El pago corresponde al salario de cada mes de reposo; si gana G 2 millones esta suma se multiplica por cuatro y retira 8 millones de guaraníes completo de una vez. El plazo de pago es de un máximo de 10 días, y solo se dan retrasos en casos que el empleador esté en mora, aclaró Halley.

“Existen casos en los que el empleador adeuda dos o tres meses y se debe aguardar que se ponga al día para pagar el subsidio a veces tenemos que llamar para que hagan los pagos, no es culpa del IPS”, agregó.

También se encuentran con situaciones que deben ser reglamentadas y resueltas a medida que se aplique la legislación. “Hay casos en que pagamos todo y nos encontramos con que a los un mes vuelve a la empresa y no es el espíritu de la ley sino que la madre se quede con el niño y descanse”, indicó y agregó que se debe reglamentar situaciones como esta porque a su parecer no corresponde el pago completo.

Otro punto controversial se da en el caso que el bebé muere al mes siguiente del nacimiento y ya están pagados los cuatro meses. “¿Corresponde que devuelva por los tres meses ya pagados o no?”, cuestionó el funcionario.

Adelantó que se cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los pagos hasta fin de año y el próximo periodo y que en breve culminarán los trámites para que el monto del subsidio sea acreditado en la cuenta desde donde la madre cobra su salario y evitarle así el trámite de ir hasta el banco en periodo de reposo.

“En un mes más se cerrarían los trámites, así queremos pagar y facilitar el pago y que la madre no se vea obligada a ir hasta el banco en pleno reposo”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.