Raúl Zapag, padre de Benjamín Zapag, reportó a la radio Ñanduti que su hijo encontró a su supuesto agresor en la misma fiesta en San Bernardino.

“El beneficiado con libertad ambulatoria decide no acatar la orden judicial de no estar a menos de 500 metros de la víctima (…) El imputado decidió no irse, por lo que tuve que decirle a Benja que regrese a casa”, comentó.

“Solamente los que sufrimos algo parecido sabemos cuánto perdemos de paz y tranquilidad y más aún sabiendo la dificultad de encontrar justicia que siempre o más que siempre llega tarde”, expresó además.

El abogado Ricardo Preda, representante de la familia Zapag, anunció a la 780 AM que recolectarán toda la información sobre lo ocurrido en San Bernardino para solicitar al juzgado la revisión de la libertad ambulatoria, al no cumplirse con la disposición de no acercarse a 500 metros de la víctima.

“Obviamente si está en el mismo lugar, esa distancia no se cumple. Incluso, la información que se tiene, eso se le hizo saber a Fretes, no obstante él, lo mismo permaneció en el lugar. (…) Acá lo que hay que tener en cuenta es que la obligación está dirigida al imputado. El imputado es el que tiene que preocuparse de ir a un lugar y cerciorarse que no esté ahí la víctima”, explicó el letrado.

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Hay que recordar que Fretes tenía arresto domiciliario desde el 2 de diciembre del 2022, tras un breve paso por la Penitenciaría de Tacumbú. El pasado 10 de enero del 2023, la jueza de feria Lici Teresita Sánchez otorgó la libertad ambulatoria al joven procesado.

Así también cabe recordar que el otro imputado por la causa, Héctor Grau, fue beneficiado a principios de enero con el arresto domiciliario. 

Un tercer imputado en el caso es José Samir “Sama” Samaniego, por supuestamente amenazar a testigos de la golpiza en caso de que llegaran a relatar lo que vieron.

La brutal agresión al joven Benjamín Zapag ocurrió el pasado 6 de noviembre en la discoteca Morgan Warehouse.

Luego de varias jornadas de capacitación a directores y docentes de unos 17 centros educativos de la ciudad de Capiatá, con el fin de que los mismos sean verdaderos espacios de prevención escolar, la Dirección de Prevención Integral de la SENAD entregó certificados a los directores que asumen de esta forma el compromiso de elaborar una política preventiva institucional y sostener una estrategia preventiva con la comunidad escolar.

La actividad se desarrolló en la Supervisión Técnica Pedagógica, área educativa 11-01, a la cual pertenecen los centros educativos en cuestión.

Las escuelas y colegios constituyen uno de los ámbitos más estratégicos para la prevención del consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes por lo que la SENAD apuesta al establecimiento de la cultura preventiva.

En la noche del jueves se registró una gresca con derivación fatal en un camino vecinal del barrio Cerrito de la ciudad de Capiatá.

Los protagonistas de este incidente fueron Jesús Gaspar Jara Fretes, de 21 años, y Sergio Javier Moreno Arce, de 44 años, ambos supuestos adictos a las drogas.

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El informe señala que ambos se encontraban en compañía de otras personas que también serían drogadictas cuando, en un momento dado, mantuvieron una acalorada discusión.

La situación fue subiendo de tono hasta llegar a una confrontación física, ocasión en que Moreno extrajo un arma blanca y propinó una estocada mortal a Jara a la altura del pecho.

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El médico forense determinó como causa de muerte un shock hipovolémico, derivado de la gran cantidad de sangre que perdió la víctima luego de ser apuñalada.

Tras la riña fatal, se concretó la detención de Sergio Moreno, se encontraba bajo los efectos de las drogas y el alcohol al momento de ser capturado por la Policía Nacional.

“La Junta Municipal aprobó de forma irregular la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta Carolina Aranda, es una bofetada a la gente”, manifestó el concejal Edgar Martínez (ANR-HC), quien se opuso al dictamen de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 que fue tratado y aprobado ayer por el Pleno de concejales de dicha ciudad. Dijo que está evaluando pedir la intervención de la Contraloría.

Martínez, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que por tercer año consecutivo su postura fue por el rechazo de la ejecución presupuestaria de la intendenta Aranda y cuestionó durante la sesión de ayer por el procedimiento “a tambor batiente” con el que se trató y aprobó la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta liberal Carolina Aranda.

Puntualizó falta de transparencia y un “sospechoso” apuro por la aprobación, ya que no fue estudiado ni analizado por la Comisión de Hacienda ni por los concejales.

“La Comisión no me ha convocado para ninguna reunión para hacer el estudio y análisis de esta ejecución presupuestaria 2023, para mí es demasiado importante que esto se estudie de forma responsable, de forma madura y no presentar hoy un dictamen como si fuese que somos pelotudos acá en esta Junta”, cuestionó Martínez.

Agregó durante la sesión que “he solicitado en sesión ordinaria la copia de la ejecución presupuestaria en tiempo y forma, la cual no se me concedió, entonces, yo quiero dejar en claro y que conste que para mí este dictamen se ha hecho de forma irregular, de forma irresponsable. Es como darle una bofetada a toda la ciudadanía y para mí, especialmente como contralor, no voy a acompañar este tipo de procedimientos. Y yo les pregunto a los colegas, estamos los doce colegas. ¿Quién recibió el dictamen de la Ejecución Presupuestaria? Yo soy parte de la Comisión de Hacienda, por la cual usted presidente tiene la obligación de convocar a los miembros para hacer el estudio y el análisis de esta red de dictamen”.

El concejal lamentó el estado actual de la ciudad, que carece de inversiones como desagües pluviales y cloacales, calles en mal estado y espacios públicos en una situación calamitosa, con una ejecución presupuestaria poco transparente e irregular.

Comentó que está estudiando con su equipo la posibilidad de un pedido de intervención de la Contraloría General de la República para auditar la gestión de la intendenta liberal.

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